Un grupo de activistas de la campaña Fin al comercio de armas con Israel ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional solicitando la inmovilización y registro de un buque de la naviera Maersk, que hará escala en los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras este mes de septiembre. Según denuncian, la embarcación podría estar transportando piezas de aviones caza F-35 con destino a Israel, lo que constituiría un posible delito de contrabando si no cuenta con la debida autorización.
Los querellantes argumentan que este buque, el Nysted Maersk, ya habría sido utilizado el año pasado para transportar material militar desde Estados Unidos a Israel, haciendo escala también en el puerto de Algeciras. En esta ocasión, prevén que tras su paso por Valencia y Barcelona, navegará a Casablanca y posteriormente recalará en el enclave del Estrecho, antes de dirigirse a Tánger, donde cargará mercancías —incluido un contenedor con piezas de alas de F-35— que desembarcará finalmente en Haifa el 4 de octubre.
La querella solicita que se requiera al Ministerio de Exteriores las posibles autorizaciones concedidas a Maersk desde octubre de 2023 para transportar material de defensa o de doble uso. También se pide identificar y, si procede, detener al capitán del buque, al que consideran coautor o cooperador necesario en el presunto delito.
Los activistas fundamentan su petición en la legislación vigente, que permite revocar autorizaciones cuando existan indicios de violación de derechos humanos, y en el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, que prohíbe la transferencia de armamento si existe riesgo de que se utilice en crímenes de guerra, genocidio o violaciones de los convenios de Ginebra.
Destacan además que los aviones F-35 israelíes están siendo utilizados actualmente en los bombardeos sobre Gaza, y por tanto, las piezas que se transportan formarían parte de una cadena de complicidad con acciones militares que podrían ser calificadas de crímenes internacionales.
En un comunicado, los activistas exigen al Gobierno que imponga un embargo inmediato al tráfico de armas mediante un real decreto ley, tal y como prometió el presidente Pedro Sánchez. Asimismo, instan a la sociedad civil a denunciar el papel de los puertos españoles en esta actividad, y llaman a los trabajadores portuarios a negarse a colaborar en operaciones relacionadas con el transporte de armamento para el genocidio.
