Las organizaciones Verdemar y Agaden–Ecologistas en Acción han presentado un escrito ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que muestran su oposición frontal a cualquier intento del Puerto Bahía de Algeciras de prorrogar la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Plan Director de Infraestructuras, al tratarse de una resolución desfavorable.
Según denuncian las entidades, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras estaría recurriendo a maniobras administrativas para tratar de mantener vigente un plan que ya fue rechazado ambientalmente, pese a que la normativa impide cualquier tipo de extensión cuando la evaluación es negativa.
La legislación impide prorrogar una DAE negativa
En su escrito dirigido a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, los colectivos recuerdan que el artículo 27 de la Ley de Evaluación Ambiental solo contempla la pérdida de vigencia —y, por tanto, la posibilidad de prórroga— en el caso de declaraciones favorables vinculadas a planes que puedan aprobarse en un plazo máximo de dos años.
Por el contrario, una DAE desfavorable bloquea de forma automática la aprobación del plan, lo que convierte cualquier intento de ampliación en una actuación sin respaldo legal. “Una declaración negativa no genera efectos prorrogables ni condiciones vigentes”, subrayan.
Personación en el expediente y exigencia de transparencia
Agaden–Ecologistas en Acción ha solicitado además su personación como parte interesada en el expediente, recordando que ya presentó alegaciones durante la tramitación del Plan Director. Ambas organizaciones reclaman al Ministerio transparencia y que no permita el uso de artimañas burocráticas para reactivar un proyecto que consideran ambientalmente inviable.
A juicio de los colectivos, la DAE desfavorable debería haber supuesto la redacción de un nuevo plan, adaptado a la realidad ambiental del Campo de Gibraltar, en lugar de intentar mantener vivo un documento ya descartado.
Advertencia sobre precedentes peligrosos
Verdemar y Agaden alertan de que aceptar una prórroga en estas circunstancias sentaría un precedente grave, debilitando la protección ambiental en los procedimientos de evaluación estratégica. “No se puede prorrogar lo que nunca estuvo vigente”, insisten.
Por ello, instan al MITECO a rechazar expresamente cualquier solicitud de ampliación y a cerrar definitivamente un proceso que, sostienen, está jurídicamente concluido.
