La asociación Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el permiso de investigación minera "VIRGILIUS II", un proyecto que afecta a alrededor del 25 % del Pinar del Rey, en San Roque. El colectivo considera que la documentación del expediente presenta importantes carencias ambientales y solicita que se revise antes de autorizar cualquier actuación sobre el terreno.
El plazo para presentar alegaciones se abrió tras la Acta de Demarcación realizada el pasado 2 de julio de 2026, dando un periodo de quince días para que personas y entidades interesadas puedan personarse en el procedimiento administrativo. El ámbito del permiso se extiende por enclaves como La Doctora, Salomón y Albarracín, alcanzando las inmediaciones de la autovía A-7 junto al término municipal de La Línea de la Concepción.
Entre las principales objeciones planteadas por la organización figura que el expediente no recoge referencias a la existencia de espacios naturales protegidos, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hábitats de interés comunitario ni poblaciones de especies protegidas presentes en la zona afectada. A juicio del colectivo, esta ausencia supone una deficiencia relevante en la valoración de los posibles impactos ambientales.
Verdemar recuerda que el área incluida en el permiso forma parte de la Red Natura 2000 Los Alcornocales (ES0000049), incluida su zona de ampliación, donde existen hábitats y especies protegidas por la normativa comunitaria. En este sentido, sostiene que el artículo 6 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) obliga a someter a una evaluación adecuada cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los objetivos de conservación de estos espacios.
La organización también argumenta que el hecho de que el proyecto no esté incluido entre los supuestos de evaluación ambiental ordinaria previstos por la legislación estatal y autonómica no elimina esa obligación cuando la actuación se desarrolla dentro de un espacio protegido. Además, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que basta con la posibilidad de una afección significativa para exigir dicha evaluación.
Según las alegaciones presentadas, el permiso contempla actuaciones como sondeos geológicos, calicatas, movimientos de tierras, apertura de pistas y accesos, además de la instalación de maquinaria y plataformas. Verdemar considera que estos trabajos podrían provocar la alteración de hábitats, afectar a especies protegidas, favorecer procesos erosivos y contribuir a la fragmentación del territorio.
El colectivo ecologista pone especial atención en el enclave de La Doctora, donde destaca la presencia de flora protegida y numerosos endemismos botánicos, circunstancias que, en su opinión, hacen necesario aplicar el principio de precaución ambiental. Asimismo, sostiene que el expediente tampoco analiza la compatibilidad del proyecto con el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar ni con el planeamiento urbanístico de los municipios afectados.
Para la organización, todas estas carencias representan una deficiencia sustancial en la tramitación administrativa y justifican la revisión del expediente antes de que pueda autorizarse cualquier actividad relacionada con la investigación minera en un espacio de elevado valor ecológico.
