Representantes sindicales de los trabajadores de la Corporación de Prácticos del Puerto de Algeciras, junto con asesores del sindicato Coordinadora TPA, han acudido recientemente a la convocatoria realizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). En esta reunión se abordó la posibilidad de establecer servicios mínimos ante la huelga anunciada para el próximo 20 de julio. La respuesta sindical ha sido firme: no se aceptarán imposiciones que vulneren el derecho a huelga.
Según explicó Joaquín Millán, coordinador regional de Ceuta y Melilla de Coordinadora TPA, el preaviso de huelga “afecta tan solo al 25% de la jornada laboral”, lo que, en su opinión, no justifica el intento de establecer servicios mínimos de manera anticipada. Además, recuerda que esta medida se ha planteado antes de la celebración del SERCLA, prevista para el 17 de julio, lo que el sindicato interpreta como una acción precipitada e injustificada.
El sindicato considera que este intento de establecer servicios mínimos constituye una presión indebida y una posible vulneración del derecho a huelga, como ya ha reconocido el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores. Desde Coordinadora TPA acusan a la Autoridad Portuaria de una falta de preparación y de desconocimiento de la legislación vigente, calificando el encuentro como un “ejercicio de irresponsabilidad” que solo ha servido para perder un tiempo valioso ante un conflicto inminente.
La huelga, según lo previsto, seguirá adelante y se espera que tenga un impacto considerable en las operaciones del Puerto de Algeciras, especialmente durante una de las semanas con mayor actividad debido a la Operación Paso del Estrecho. Este contexto añade presión a una situación ya tensa entre trabajadores y autoridades portuarias.
No obstante, el sindicato ha reiterado su disposición al diálogo y asegura que aún hay margen para evitar el conflicto, siempre que la APBA actúe con responsabilidad y dentro del marco legal. Valoran positivamente que todas las partes hayan sido citadas para el 17 de julio, una fecha clave en la que se podría decidir de forma consensuada si es necesario establecer servicios mínimos o no, según el avance de las negociaciones.
