La campaña ‘Dmocracia’, impulsada por el Gobierno para acercar los valores democráticos a los jóvenes mediante el lenguaje de la moda, ha dado un inesperado giro político. Vox ha solicitado registrar a su nombre el lema “Dmocracia. Cuando te vistes, te posicionas”, después de comprobar que la denominación utilizada por el Ejecutivo no figuraba protegida ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La petición fue presentada el pasado 9 de julio y permanece en fase de tramitación, por lo que la formación dirigida por Santiago Abascal todavía no es propietaria de la marca. El movimiento llega después de que Vox criticara duramente el coste de una iniciativa financiada con fondos públicos y protagonizada por diferentes creadores de contenido.
El proyecto consiste en una colección limitada de camisetas, sudaderas y otras prendas promocionadas bajo el paraguas de ‘España en libertad. 50 años’. Aunque su puesta en escena imita el lanzamiento comercial de una firma de moda, la ropa no puede comprarse en tiendas ni está concebida para producirse en serie, sino que será utilizada en actos institucionales, campañas de comunicación y algunos sorteos.
Ese detalle ha alimentado buena parte de la controversia. El presupuesto máximo atribuido a la campaña asciende a 379.115 euros, según los datos facilitados por el Comisionado responsable del programa. La cantidad incluye 185.215 euros para la producción y desarrollo de la colección, además de 193.900 euros destinados a la contratación de 32 creadores de contenido para su difusión.
Dentro del primer bloque figuran 112.783 euros para fabricar las prendas, 59.680 euros para sesiones fotográficas y audiovisuales, 10.000 euros para diseño y asesoría y algo más de 2.000 euros para almacenamiento y envíos. Se trata de un presupuesto máximo que se ejecuta a medida que avanza la campaña, no necesariamente de una cantidad desembolsada en su totalidad.
El Gobierno defiende que no se trata de una marca comercial, sino de una acción institucional dirigida a conectar con el público joven y divulgar los valores de la democracia. La iniciativa forma parte de un programa con un presupuesto global de 14,6 millones de euros, destinado también a congresos, exposiciones, ciclos culturales, publicaciones, talleres y otros actos conmemorativos. Por tanto, es falso que esos 14,6 millones correspondan únicamente a la colección de ropa.
Vox ha utilizado la ausencia de registro para intensificar su ofensiva contra el Ejecutivo y presentar el caso como ejemplo de mala gestión. La maniobra tiene un evidente componente político y simbólico: el partido intenta apropiarse legalmente del nombre elegido por el Gobierno para una de sus campañas más visibles, aunque la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá resolver ahora si acepta o rechaza la solicitud.
La polémica deja una imagen difícil de explicar para el Ejecutivo: una iniciativa pública cercana a los 380.000 euros, una colección que los ciudadanos no pueden adquirir y una denominación que no fue registrada antes de su lanzamiento. Vox ha encontrado en esa combinación un nuevo argumento para cuestionar las prioridades de gasto del Gobierno, mientras la campaña continúa generando debate sobre la eficacia real de este tipo de acciones institucionales.
