La eutanasia de Noelia Castillo ha dado un salto político e internacional después de que el New York Post publicara que la Administración de Donald Trump ha ordenado a la embajada de Estados Unidos en Madrid recabar información sobre cómo se gestionó su caso en España. La noticia apunta a un cable del Departamento de Estado en el que Washington pediría explicaciones por la autorización de la muerte asistida de la joven catalana, fallecida el 26 de marzo de 2026, y por la respuesta institucional ante las agresiones sexuales que denunció antes de quedar parapléjica. Por ahora, esa supuesta iniciativa no ha sido confirmada de forma independiente por el Gobierno español y el Ministerio de Sanidad sostiene que no ha recibido ninguna petición oficial.
El movimiento sitúa un caso español de enorme carga social, jurídica y moral en el plano de la presión diplomática. Según la información publicada en Estados Unidos, el interés de la Casa Blanca se centraría en dos frentes: por un lado, las circunstancias en las que se aplicó la ley de eutanasia; por otro, la actuación de las administraciones ante la trayectoria de violencia y vulnerabilidad que marcó la vida de Noelia Castillo. Ese enfoque conecta además con el discurso político de Trump sobre derechos humanos, seguridad e inmigración, lo que ha disparado todavía más la repercusión del caso.
Más allá de la reacción internacional, el fondo del asunto arranca varios años atrás. Noelia Castillo, de 25 años, quedó parapléjica tras un intento de suicidio en octubre de 2022, después de una agresión sexual múltiple. En abril de 2024 solicitó formalmente la prestación de ayuda para morir y en julio de 2024 la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña avaló su petición al considerar que cumplía los requisitos previstos en la normativa. La ley española que regula este derecho es la Ley Orgánica 3/2021, en vigor desde el 25 de junio de 2021.
A partir de ahí comenzó una larga batalla judicial impulsada por su padre, con el respaldo de Abogados Cristianos, para frenar el procedimiento. Durante ese recorrido, Noelia mantuvo su voluntad de acceder a la eutanasia y distintas instancias fueron validando su capacidad para decidir. El caso pasó por juzgados ordinarios, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional y, finalmente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las últimas medidas cautelares. La prestación terminó ejecutándose 601 días después de la solicitud inicial.
En paralelo, el caso ha estado rodeado de una intensa controversia pública. En los últimos días han circulado versiones no acreditadas sobre las agresiones sufridas por la joven, sobre una supuesta relación entre la eutanasia y la donación de órganos y sobre presuntas dudas finales de la paciente, extremos que distintos medios han vinculado a una campaña de desinformación. La Generalitat y el entorno sanitario que intervino en el procedimiento defienden que la tramitación contó con todas las garantías clínicas, administrativas y judiciales, mientras la ofensiva judicial y política contra el caso no se ha cerrado del todo.
La reacción más visible del Gobierno español ha llegado de la mano de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha pedido a Trump que deje de “alimentar la agenda ultra” y ha reivindicado que España es “un país serio” con un sistema sanitario y un marco legal sólidos. Con todo, la noticia principal ya no está solo en esa respuesta política, sino en que el caso Noelia ha salido del debate interno sobre el derecho a morir dignamente para convertirse, al menos de momento según una publicación periodística estadounidense, en un nuevo elemento de fricción entre Washington y Madrid.
