La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, deberá afrontar un procedimiento ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La resolución respalda parcialmente la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, pero reduce de cuatro a dos los delitos que continuarán en la causa.
Los magistrados consideran que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por la posible utilización de la posición institucional de Gómez para favorecer su actividad vinculada a una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. La Audiencia analiza, entre otros elementos, si su relación matrimonial con Pedro Sánchez pudo generar una influencia relevante en la creación de esa estructura académica y en su posterior nombramiento como directora.
El tribunal mantiene también la investigación por una posible malversación, relacionada con la gestión de recursos públicos, el desarrollo de una herramienta informática para la cátedra y la utilización de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez. Esta última seguirá dentro del procedimiento por el presunto delito de malversación.
La decisión supone, sin embargo, un recorte importante de la instrucción planteada por Peinado. La Audiencia descarta que Begoña Gómez deba ser juzgada por corrupción en los negocios y apropiación indebida, dos de los cuatro delitos incluidos inicialmente por el magistrado. El empresario Juan Carlos Barrabés queda separado de este procedimiento con jurado, aunque la investigación sobre las adjudicaciones públicas continuará por otra vía procesal.
Los jueces también han revocado las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y su asesora. Ambas recuperarán sus pasaportes y podrán abandonar España, al quedar anuladas tanto la prohibición de salida del país como la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. La Sala entiende que no existen datos que permitan apreciar un riesgo real de fuga, aunque deberán continuar localizables y a disposición de la Justicia.
La resolución agrava la presión judicial sobre el entorno más próximo del presidente apenas después de conocerse la condena en primera instancia contra su hermano, David Sánchez. Desde el Gobierno y el PSOE mantienen que la causa contra Gómez tiene una motivación política, defienden su inocencia y cuestionan que existan pruebas que acrediten una actuación delictiva.
La reacción más inmediata llegó del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien cuestionó que la decisión de la Audiencia se conociera el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciaba sobre la ley de amnistía. El Ejecutivo sostiene que la investigación busca desgastar políticamente a Sánchez a través de su familia, mientras la oposición reclama responsabilidades y pone el foco sobre los indicios apreciados por los magistrados.
La resolución no supone una condena y Begoña Gómez mantiene plenamente su presunción de inocencia. El procedimiento deberá continuar ahora conforme a la Ley del Tribunal del Jurado hasta la celebración del juicio, donde serán examinadas las pruebas y las acusaciones por los dos presuntos delitos que la Audiencia ha decidido mantener.
