El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en España, dentro de una batería de reformas legales orientadas a reforzar la protección de la infancia en el entorno digital. El anuncio se ha realizado durante su intervención en el World Governments Summit, que se celebra en Dubái y reúne a líderes internacionales.
La propuesta forma parte de un paquete de cinco medidas legislativas con las que el Ejecutivo pretende frenar los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales, especialmente para niños y adolescentes. Entre las iniciativas destaca la obligación de implantar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones y establezcan barreras reales para impedir el acceso de menores.
Estas medidas se incorporarán a la ley de protección de las personas menores de edad en entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso, que ya contempla elevar a los 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales. Desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de alcanzar un amplio consenso parlamentario para sacar adelante la reforma.
El debate sobre limitar el acceso de los menores a las redes sociales está presente en varios países europeos. Francia estudia fijar el límite en los 15 años, mientras que Portugal analiza un modelo con prohibición hasta los 13 y autorización familiar entre los 13 y los 16. También fuera de Europa, países como Australia han anunciado iniciativas similares.
Además de la restricción de acceso, el Ejecutivo quiere endurecer la responsabilidad de las plataformas. Entre las medidas previstas figura la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos que favorezca la difusión de contenidos ilegales, así como una reforma del Código Penal para que los directivos de las empresas tecnológicas puedan responder penalmente por la inacción deliberada ante prácticas ilícitas.
El paquete se completa con la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad para medir la huella de odio y polarización en redes sociales y la colaboración con la Fiscalía para investigar posibles infracciones en grandes plataformas digitales. Con este anuncio, el Gobierno refuerza su pulso con las grandes tecnológicas y apuesta por una regulación más estricta del entorno digital.
