La celebración del Primero de Mayo en España se remonta a 1890, cuando tuvo lugar la primera manifestación obrera en Barcelona. Aquella movilización marcó el inicio de una jornada reivindicativa que se extendió rápidamente a otras ciudades, reflejando un creciente movimiento organizado de la clase trabajadora en defensa de sus derechos.
Según recogían crónicas de la época, la convocatoria generó una notable movilización social, con una amplia participación en calles, talleres y espacios públicos. En ciudades como Madrid, las protestas se trasladaron al 4 de mayo para facilitar la asistencia, evidenciando la capacidad de organización del movimiento obrero en sus primeros pasos.
Entre las principales demandas destacaban la implantación de la jornada laboral de ocho horas, una reivindicación inspirada en las protestas de Chicago, así como la prohibición del trabajo infantil, la eliminación del trabajo nocturno y el establecimiento de un descanso semanal continuado de 36 horas. También se exigía acabar con prácticas como el pago en especie, muy extendidas en aquel periodo.
No fue hasta 1931, con la llegada de la Segunda República, cuando el Primero de Mayo fue declarado oficialmente fiesta nacional. Durante ese periodo, sindicatos como UGT y organizaciones políticas impulsaron nuevas reivindicaciones sociales, entre ellas el sufragio universal, mejoras en el acceso a la vivienda y medidas para hacer frente al desempleo y al aumento del coste de la vida.
Tras la Guerra Civil, el régimen franquista eliminó esta conmemoración, sustituyéndola por otra festividad vinculada al 18 de julio. Sin embargo, el espíritu reivindicativo se mantuvo tanto en el interior como en el exilio, a través de movilizaciones y actos simbólicos.
La recuperación del Primero de Mayo como jornada legal y de libre manifestación no se produjo hasta 1978, ya en democracia. Ese año, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT convocaron movilizaciones conjuntas en las que reclamaron medidas urgentes contra el paro, la aprobación de un Estatuto de los Trabajadores y el desarrollo de una legislación que garantizara la acción sindical.
