Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el mayor entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína con narcolanchas en el Atlántico, en el marco de la operación Sombra Negra, desarrollada en dos fases y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. El balance final asciende a 105 personas detenidas, 49 registros y la intervención de 10.400 kilos de cocaína.
La organización operaba desde Sudamérica hasta Europa, utilizando embarcaciones de alta velocidad que partían desde ríos y costas de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, Marruecos y Portugal para encontrarse en alta mar con buques nodriza, desde donde se realizaba el trasvase de la droga. Las narcolanchas, que alcanzaban velocidades superiores a los 40 nudos, operaban principalmente de noche y empleaban comunicaciones encriptadas, terminales satélite y lenguaje codificado para eludir a las fuerzas de seguridad.
La estructura criminal tenía ramificaciones en Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Girona y Ceuta, así como en Marruecos, y se extendía hasta Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En la segunda fase de la operación se realizaron registros en Algeciras y La Línea de la Concepción, donde los investigadores asestaron un golpe directo al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, encargado de suministrar terminales de comunicación seguros y material náutico a numerosas organizaciones delictivas de Andalucía.
En total, se han intervenido 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros en efectivo, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles —muchos de ellos encriptados— y material tecnológico y náutico valorado en cerca de 2,5 millones de euros. Los agentes constataron además que la red llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de un tripulante fallecido durante un alijo para garantizar su silencio y evitar cualquier vinculación con las actividades criminales.
Las investigaciones revelan que los pilotos podían permanecer más de un mes en alta mar, operando desde auténticas plataformas flotantes, con apoyo logístico continuo de combustible —se ha acreditado el uso de más de 100.000 litros—, víveres, ropa y equipos de comunicación. La red contaba también con puntos de vigilancia en tierra para controlar los movimientos de medios marítimos y aéreos de las fuerzas de seguridad a lo largo de la costa.
La operación se ha llevado a cabo con la cooperación internacional de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), EUROPOL, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC-N) y autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde, además del apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Según los investigadores, la red era presuntamente responsable de la introducción de hasta 57.000 kilos de cocaína en Europa en el último año, procedente principalmente de Colombia y Brasil, llegando incluso a intervenirse 6.600 kilos de cocaína en un semisumergible por parte de las autoridades portuguesas. La operación ha sido cofinanciada con Fondos Europeos de Seguridad Interior, en el marco de las estrategias de la Unión Europea contra la delincuencia organizada.