El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que impulsará una normativa estatal para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y ampliar la restricción a los menores de 18 cuando se trate de productos con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml, un umbral que identifica bebidas con alta potencia estimulante. La iniciativa se apoya en el argumento de salud pública y en la percepción de riesgo asociada a estos productos, especialmente en edades de desarrollo.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha señalado que la medida cuenta con un respaldo social mayoritario, de acuerdo con datos atribuidos a un barómetro de la AESAN, donde nueve de cada diez personas se muestran a favor del veto. Entre los jóvenes de 18 a 35 años, el apoyo también sería elevado. Además, el sondeo refleja un consumo extendido: un 25% de los encuestados toma bebidas energéticas (una media de dos veces por semana), casi la mitad lo hace al menos a diario y un porcentaje relevante admite mezclarlas con alcohol.
Desde el punto de vista nutricional, el propio etiquetado ayuda a dimensionar el impacto: las bebidas energéticas suelen rondar los 32 mg/100 ml, pero el consumo real se dispara por el tamaño de las latas. Una de 250 ml puede aportar alrededor de 80 mg de cafeína; una de 330 ml, en torno a 105,6 mg; y una de 500 ml, cerca de 160 mg, cifras que se asocian a alteraciones del sueño y a efectos cardiovasculares en personas sensibles. En adolescentes, se alerta de que superar ciertos niveles diarios puede favorecer insomnio, nerviosismo e irritabilidad.
La norma se enmarca en un contexto de preocupación sanitaria por el impacto de ingredientes como cafeína, taurina, guaraná o ginseng, junto a cantidades elevadas de azúcares en parte de estas bebidas. Especialistas citan riesgos como taquicardias, aumento de tensión arterial, problemas de descanso y potencial dependencia por consumo habitual, además del repunte del peligro cuando se combinan con alcohol, al enmascarar la sensación de embriaguez y favorecer conductas de riesgo.
Consumo plantea así armonizar la regulación en todo el país tras precedentes autonómicos y restricciones ya presentes en determinados ámbitos, con el objetivo de reforzar la protección de menores también en territorios como el Campo de Gibraltar.
