El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha aprobado un presupuesto de 49.536.764,94 euros para 2025, lo que supone un incremento del 5,45% respecto al ejercicio anterior. Este aumento se destinará principalmente a la incorporación de personal y a mejoras en infraestructuras, con una inversión prevista de 4,4 millones de euros.
El presidente del Consorcio, José Ortiz, subrayó que este presupuesto es clave para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, atendiendo tanto las necesidades del personal como las inversiones necesarias. En 2025, se cubrirán 72 nuevas plazas, incluyendo 49 bomberos especialistas y 23 cabos, además de otros cargos administrativos, reforzando significativamente el cuerpo.
En el ámbito de las inversiones, destaca la adquisición de nuevos vehículos autoescala con un alcance de 42 metros, superando en 12 metros las actuales, y la renovación de vehículos de intervención pesados. También se continuará con el plan de mantenimiento y rehabilitación de parques de bomberos, además de estudiar la posibilidad de renovar instalaciones prioritarias.
En cuanto a los ingresos, las aportaciones de los Entes Consorciados aumentarán un 6,92% para cubrir los gastos de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y los costos operativos. A esto se suman los ingresos de convenios con compañías aseguradoras y acuerdos con entidades como la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y empresas industriales del Campo de Gibraltar, incluyendo Acerinox, Repsol, Viesgo, Indorama y Endesa.
Plan de Igualdad y "bomberas" en los uniformes
También se dio luz verde al primer Plan de Igualdad de la entidad. Este documento marca un hito al introducir avances en la igualdad de género en todas sus áreas, incluyendo la incorporación del femenino de la profesión en los uniformes de las bomberas, convirtiéndose en uno de los primeros consorcios de España en dar este paso.
El plan, estructurado en siete ejes de acción, aborda temas clave como el compromiso institucional con la igualdad de género, el acceso y promoción en el empleo público, la formación en políticas de igualdad, y la mejora de las condiciones laborales y salariales. También incluye medidas específicas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el entorno laboral.
