El Gobierno de Gibraltar ha dado un nuevo paso en la aplicación del Tratado entre la Unión Europea y Gibraltar con la creación de una Autoridad Independiente en materia de Ayudas Estatales, un organismo que será el encargado de supervisar el régimen de subvenciones públicas conforme a las nuevas obligaciones adquiridas por el Peñón.
La medida se ha formalizado mediante la publicación de un anuncio legal que designa a la Autoridad Reguladora de Gibraltar (Gibraltar Regulatory Authority, GRA) como organismo independiente responsable del control de las ayudas estatales. Esta decisión responde a lo establecido en el artículo 205 del Tratado y a su desarrollo en la legislación gibraltareña aprobada este año.
Para asumir estas nuevas funciones, la GRA ha incorporado como responsable a Richard Dowling, especialista en ayudas estatales con una amplia trayectoria en el Reino Unido. El experto formó parte del equipo de ayudas de Estado del antiguo Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial británico y, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, participó en el desarrollo del nuevo régimen británico de control de subvenciones.
Entre sus responsabilidades anteriores figura el asesoramiento a administraciones públicas sobre la aplicación de la normativa en materia de ayudas estatales y la creación de la base de datos pública de subvenciones del Reino Unido. Además, recientemente colaboró con el Gobierno británico y el Ministerio de Asuntos Exteriores en la negociación del capítulo dedicado a las ayudas estatales dentro del Tratado de Gibraltar con la Unión Europea.
El ministro principal Fabián Picardo destacó que la entrada en vigor del Tratado representa un momento clave para Gibraltar y aseguró que la designación de una autoridad independiente permitirá cumplir con los compromisos internacionales asumidos, reforzando la confianza de empresas, inversores y socios europeos.
Picardo señaló además que la incorporación de Richard Dowling aportará una experiencia técnica de primer nivel para garantizar un sistema de control "eficaz, proporcionado y alineado con las mejores prácticas internacionales", tanto desde la perspectiva de la normativa europea como del modelo británico de subvenciones.
Con esta decisión, el Ejecutivo gibraltareño considera consolidado uno de los pilares institucionales previstos en el nuevo marco jurídico derivado del Tratado, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica, transparencia y estabilidad al tejido económico del Peñón en esta nueva etapa de relaciones con la Unión Europea.
