El Gobierno de Gibraltar ha respondido a las inquietudes planteadas por la Federación de la Pequeña Empresa de Gibraltar (GFSB) sobre la futura política de residencia, defendiendo que el objetivo de la reforma no es restringir el acceso al mercado laboral, sino garantizar un modelo de residencia "justo, sostenible y basado en una contribución real" al Peñón.
El Ejecutivo gibraltareño ha confirmado que la próxima semana aprobará los reglamentos que desarrollarán esta nueva normativa, con el propósito de aclarar las dudas trasladadas por el tejido empresarial y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica. Entre otras cuestiones, las nuevas disposiciones regularán los casos transitorios, las exenciones por falta de mano de obra, la situación de las familias, los mecanismos de revisión y la discrecionalidad administrativa.
La respuesta llega después de que la GFSB mostrara su preocupación por el impacto que podría tener el nuevo requisito salarial de 37.500 libras anuales para acceder a la residencia en Gibraltar. El Gobierno insiste en que ese umbral no condiciona el derecho a trabajar, sino únicamente las circunstancias que permiten obtener la residencia en el territorio.
Según el Ejecutivo, buena parte de las críticas parten de una interpretación errónea de los datos laborales. Recuerda que, de los 31.634 empleos contabilizados en la economía gibraltareña durante 2024, 13.844 corresponden a trabajadores transfronterizos, que desarrollan su actividad sin residir en Gibraltar y que, por tanto, no se verían afectados por esta política.
El Gobierno también rechaza que la reforma perjudique a los ciudadanos británicos o a las empresas. De hecho, asegura que el texto ha sido consultado tanto con el Gobernador de Gibraltar como con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO), sin que se haya apreciado incompatibilidad alguna con los intereses del Reino Unido.
En relación con las nuevas empresas y los trabajadores autónomos, el Ejecutivo reconoce la necesidad de favorecer el emprendimiento, aunque advierte de que pretende evitar la creación de sociedades sin actividad real cuyo único objetivo sea facilitar el acceso a la residencia. Asimismo, defiende el límite de edad de 55 años previsto en la propuesta por razones de sostenibilidad del sistema de servicios públicos, aunque anticipa que también existirán excepciones cuando los intereses de Gibraltar así lo aconsejen.
Otro de los aspectos que se incorporarán al futuro reglamento será una mayor protección para los solicitantes durante la tramitación. El Gobierno evitará que quienes soliciten la residencia tengan que asumir compromisos definitivos de compra o alquiler de una vivienda antes de que su expediente haya sido resuelto y establecerá un tratamiento más flexible para quienes pierdan su empleo una vez obtenida la autorización.
La ministra de Sanidad, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vásquez, ha asegurado que comprende las preocupaciones del sector empresarial, especialmente tras haber dirigido durante años la propia GFSB. No obstante, sostiene que el Ejecutivo debe equilibrar las necesidades económicas con la capacidad limitada de suelo, vivienda y servicios públicos del Peñón. Además, ha garantizado que la normativa podrá revisarse en el futuro si durante su aplicación surgen problemas prácticos y ha reiterado la voluntad del Gobierno de seguir dialogando con la GFSB, la Cámara de Comercio y el resto de agentes económicos.
