El viento de levante agrava un problema crónico en el Campo de Gibraltar: la población queda expuesta a niveles de contaminación del aire que superan los límites legales, según denuncia Verdemar Ecologistas en Acción en un comunicado, en el que recuerda que "las emisiones industriales procedentes de instalaciones petroquímicas y plantas de asfalto afectan gravemente a localidades como Guadarranque, Los Barrios y Algeciras, sin que se vislumbren soluciones por parte de la Junta de Andalucía. Las denuncias al Centro de Coordinación de Emergencia se multiplican, reflejando el hartazgo de los vecinos", expone.
Ayer, desde la estación de Los Barrios, se denunció la posible ilegalidad de una planta de asfalto dentro de una instalación industrial. Las emisiones del complejo petroquímico afectan a núcleos como Puente Mayorga, Palmones y Guadacorte, provocando una situación insostenible. El grupo ecologista ha llevado el caso a la justicia, alegando que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Convención Europea sobre los Derechos Humanos.
La organización ha solicitado una investigación exhaustiva de los datos recogidos en las estaciones oficiales de medición, que reflejan un incumplimiento recurrente de los límites de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según estas mediciones, "la zona presenta niveles alarmantes de contaminantes que deberían considerarse como una prioridad sanitaria", entiende Verdemar.
Los impactos van más allá de lo local: en el Estado español, se estima que la contaminación del aire causa hasta 30.000 muertes prematuras al año, de las cuales 10.000 ocurren en episodios de alta contaminación, según datos del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Además, el Banco Mundial estima que los costes sanitarios y ambientales derivados ascienden a 50.000 millones de dólares anuales, representando el 3,5 % del PIB español.
"Las zonas de Guadarranque, Puente Mayorga, Los Cortijillos y Palmones, entre otras, sufren un nivel de contaminación crónica que afecta tanto a la salud de sus habitantes como a los ecosistemas circundantes", argumenta Verdemar, de ahí que los afectados exijan medidas inmediatas para frenar estas emisiones tóxicas y garantizar un aire limpio que respete los estándares legales y los derechos fundamentales de las personas.
