La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el cese de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al considerar que la actual dirección del Instituto Armado atraviesa una crisis institucional que hace insostenible su continuidad.
La organización profesional, mayoritaria dentro del Cuerpo, vincula esta petición a la declaración como investigados de Mercedes González y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, ante la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire Díez. Además, hace referencia a la información publicada por el diario ABC sobre una denuncia presentada por el general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, relacionada con una supuesta instrucción política para que la Guardia Civil no asistiera al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.
Según expone AUGC, el general Mora habría rechazado esa presunta orden al considerar que suponía una instrumentalización política del Cuerpo. La asociación sostiene que se trata de un hecho sin precedentes por producirse una denuncia formal de un general de división contra un teniente general dentro de la estructura de la Guardia Civil.
Para la organización, estos acontecimientos se suman a la situación judicial que afecta a la actual cúpula y considera que quienes ostentan la máxima responsabilidad del Instituto Armado no deberían continuar en sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones. En este sentido, recuerda que el Código de Conducta de la Guardia Civil sitúa el honor y la ejemplaridad como principios esenciales para el ejercicio del mando.
AUGC sostiene que la solución no pasa únicamente por relevar a los actuales responsables, sino también por impulsar mecanismos que refuercen los contrapesos institucionales dentro del Cuerpo mediante una mayor participación de los representantes legítimos de los guardias civiles, con el objetivo de evitar futuras situaciones de instrumentalización política.
La asociación también reclama que se respeten plenamente los principios de presunción de inocencia respecto a todas las personas investigadas o señaladas en este procedimiento. No obstante, diferencia esa garantía procesal de la responsabilidad política e institucional que, a su juicio, corresponde asumir cuando se ve comprometida la imagen y la credibilidad de la Guardia Civil.
Con este posicionamiento, AUGC afirma que continuará defendiendo la independencia del Instituto Armado y la necesidad de preservar la neutralidad de la institución, insistiendo en que la confianza de los ciudadanos en la Guardia Civil exige una dirección que reúna las máximas garantías de ejemplaridad y credibilidad.
