La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de repartidores extranjeros en el Campo de Gibraltar. La operación, denominada Alibaba, se ha desarrollado en Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios, con diez detenidos, dos personas investigadas y ocho trabajadores liberados.
Los arrestados están investigados por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables.
La investigación comenzó en agosto de 2025, tras una inspección laboral en una nave de reparto de paquetería en Algeciras. Allí fueron localizados cinco ciudadanos extranjeros que trabajaban en situación administrativa irregular, lo que llevó a los agentes a seguir el rastro de una estructura organizada alrededor de varias empresas del sector.
Según la investigación, la red captaba a personas vulnerables a través de redes sociales, ofreciéndoles trabajo como repartidores. Después, los alojaba en viviendas controladas por los propios investigados, generando una dependencia económica y personal que facilitaba el sometimiento de las víctimas.
Los trabajadores realizaban jornadas de lunes a domingo, con repartos continuados y cargas pesadas. En algunos casos, los agentes han constatado que eran obligados a conducir furgonetas sin permiso y que incluso llegaban a dormir en los propios vehículos utilizados para trabajar.
La organización también recurría a la figura del falso autónomo. Cuando alguno de los repartidores conseguía regularizar su situación, presuntamente era obligado a darse de alta como autónomo pese a seguir trabajando bajo control directo de la empresa, trasladándole así costes, riesgos y responsabilidades.
La trama gestionaba al menos tres empresas y una flota de unas 20 furgonetas, distribuyendo rutas y trabajadores entre distintas sociedades. Durante la fase final se practicaron tres registros en Algeciras y La Línea, además de varias inspecciones laborales, en las que se intervino documentación relacionada con el control de los repartidores.
La operación ha permitido identificar por ahora a 26 personas perjudicadas, aunque los investigadores no descartan que la cifra aumente conforme avance la causa. La actuación vuelve a poner el foco en la precariedad que puede esconderse tras determinados modelos de reparto cuando no existen controles suficientes sobre las condiciones reales de trabajo.
