El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), para poder continuar la investigación abierta a raíz de la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
El magistrado instructor de la Sala de lo Penal, Antonio del Moral, ha remitido un suplicatorio a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al considerar que existen indicios suficientes para investigar unos hechos que podrían ser constitutivos de un presunto delito de coacciones o, alternativamente, de amenazas.
La causa tiene su origen en varios mensajes difundidos por Alvise Pérez en su canal público de Telegram, en los que instaba a Landaluce a abandonar la Alcaldía bajo la advertencia de publicar supuestas informaciones relacionadas con presuntos comportamientos delictivos si no presentaba su dimisión.
En el auto, el instructor considera que la estructura condicional de esos mensajes y la vinculación entre la renuncia al cargo y la eventual difusión de dicho contenido justifican, en esta fase del procedimiento, la continuidad de la investigación. No obstante, el proceso permanece pendiente de la decisión que adopte el Parlamento Europeo sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado.
Se trata del cuarto suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo en distintas causas que afectan a Alvise Pérez. Dos de las peticiones anteriores ya fueron autorizadas por la Eurocámara, mientras que otra continúa pendiente de resolución. Además, el dirigente mantiene abiertas otras investigaciones en el alto tribunal por asuntos diferentes.
La querella presentada por Landaluce se suma a otros procedimientos judiciales derivados de este conflicto. El pasado mes de febrero, un juzgado de Algeciras acordó como medida cautelar que Alvise retirara varios mensajes publicados en redes sociales al considerar que contenían imputaciones directas sobre supuestos delitos sin respaldo en resoluciones judiciales, ordenando además que se abstuviera de difundir nuevos contenidos similares mientras se resolvía el procedimiento principal.
Tras aquella resolución, el alcalde defendió públicamente que la difamación no podía utilizarse como herramienta política y anunció que continuaría ejerciendo las acciones legales necesarias para proteger su derecho al honor. La nueva decisión del Tribunal Supremo supone ahora un nuevo avance en el procedimiento penal derivado de la querella presentada por el regidor algecireño.
