Urbanismo

Tarifa No Se Vende desmiente la aprobación de cientos de viviendas en El Albacerrado

La plataforma ciudadana critica la falta de planificación y el uso engañoso del término "protegida"
Enésima polémica en torno a la vivienda en Tarifa
photo_camera Enésima polémica en torno a la vivienda en Tarifa

La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha emitido un comunicado para aclarar la confusión generada tras el último Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en relación a una actuación urbanística en la zona de El Albacerrado. A través de esta nota, desmienten que se haya aprobado la construcción de 283 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y 231 viviendas libres, tal como algunos medios han publicado.

Según explican, lo aprobado fue exclusivamente la delimitación de una actuación urbanística (ATU-TA-01), un trámite preliminar y genérico que no equivale a la autorización de un proyecto de edificación. Subrayan que este paso no implica en absoluto la ejecución inmediata de ninguna vivienda.

La plataforma también alerta sobre el uso del término "vivienda protegida" para referirse a inmuebles que podrían estar dirigidos a personas con ingresos anuales superiores a 50.000 euros, una cifra fuera del alcance de buena parte de la población local. Denuncian que etiquetar estas viviendas como VPO genera expectativas falsas y resulta perjudicial para quienes realmente necesitan soluciones habitacionales accesibles.

Otro de los puntos críticos señalados es la insuficiencia de infraestructuras básicas, especialmente durante el verano. La actual planta potabilizadora (ETAP), aseguran, está ya saturada, por lo que cuestionan la lógica de seguir ampliando el desarrollo urbanístico sin garantizar antes servicios esenciales como el suministro de agua.

Desde Tarifa No Se Vende instan a los responsables políticos a actuar con responsabilidad y a los medios a informar con rigor. Consideran que el debate sobre la vivienda requiere seriedad, pues afecta de forma directa a la vida de los ciudadanos y a la identidad del municipio.

Finalmente, reclaman la aprobación de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) definitivo, que contemple un desarrollo equilibrado y sostenible, evitando que los vecinos tengan que marcharse por la escalada del precio de la vivienda y la pérdida del patrimonio natural y social del entorno.

Comentarios