La plataforma Tarifa No Se Vende ha lanzado una contundente advertencia ante el desarrollo urbanístico previsto en la zona norte de Tarifa, donde el Ayuntamiento impulsa una macro urbanización en el sector SUO-LI.01-2 Los Lances. La organización sostiene que este proyecto se ha planteado de espaldas a los intereses de la mayoría social, comprometiendo la sostenibilidad del municipio y dejando fuera a la ciudadanía de las decisiones clave sobre su territorio.
El plan contempla la construcción de 740 viviendas, 1.360 plazas hoteleras, amplios equipamientos turísticos y cerca de 88.000 metros cuadrados de zonas verdes, ocupando más de 622.000 metros cuadrados. Una superficie equivalente a más de sesenta estadios de fútbol que, según la plataforma, pone en riesgo el equilibrio territorial y medioambiental por su tamaño, ubicación y demanda de recursos.
El análisis técnico realizado por la entidad ha revelado que el Consistorio inició la modificación del Plan Parcial justo antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Según denuncian, este movimiento buscaba evitar los nuevos criterios de sostenibilidad y protección territorial, generando un expediente plagado de irregularidades jurídicas y técnicas que, a su juicio, lo hacen “nulo de pleno derecho”.
Frente a esta situación, Tarifa No Se Vende presentó el 11 de marzo un escrito de alegaciones ante el consistorio, además de trasladar sus objeciones al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en curso ante la Junta de Andalucía.
La plataforma reivindica un modelo sostenible de municipio, denunciando que estos proyectos urbanísticos responden a intereses especulativos que tratan el territorio como un bien de consumo. Asimismo, critican que se utilice la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) como argumento para acallar a la ciudadanía, alertando del elevado coste que estas infraestructuras supondrán para toda la comunidad en el futuro. Reclaman que el desarrollo urbanístico de Tarifa responda a las verdaderas necesidades de la población y no a la presión inmobiliaria.
