La reciente instalación de una valla publicitaria de la empresa Nova Tarifa en el paseo marítimo ha provocado nuevas críticas por parte de la plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende, que cuestiona el contenido del mensaje y las verdaderas intenciones de la promotora. El cartel, colocado sobre un muro de los terrenos que pertenecieron a la antigua fábrica de conservas, anuncia 800 puestos de trabajo sin especificar el proyecto al que se vinculan.
El colectivo vecinal considera llamativo el cambio de nombre de la empresa, antes denominada Gran Parcela, coincidiendo con el fuerte rechazo que generó en la población su anterior intento de transformar el frente litoral mediante un controvertido convenio con el Ayuntamiento. Denuncian que se trata de una estrategia de rebranding para enmascarar un proyecto que, a su juicio, sigue siendo especulativo y contrario a la sostenibilidad del municipio.
Más allá del nombre, lo que más inquieta a Tarifa No Se Vende es la falta de información concreta. La cifra de 800 empleos, afirman, parece diseñada para ganarse el favor de la opinión pública apelando a un argumento ya muy utilizado, sin sustento técnico visible. "¿No sería más lógico presentar primero el proyecto y después hablar de cifras reales?", se preguntan, señalando que la mayoría de trabajadores en obras recientes proceden de fuera del municipio.
En otro punto, la plataforma critica que Nova Tarifa se atribuya la conservación de los puestos de trabajo de la fábrica, cuando lo que ha hecho es adquirir los terrenos. Exigen al Ayuntamiento que aclare cuándo comenzarán las obras de la nueva planta, aprobadas en pleno, y cuál será el papel institucional en la garantía del empleo local.
A todo ello suman una preocupación de fondo: la posible recalificación del suelo industrial a residencial a través de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Denuncian que la prioridad municipal parece estar en favorecer desarrollos urbanísticos privados, como los de Albacerrado o el plan “La ciudad del surf”, mientras siguen sin solucionarse los problemas estructurales del municipio: vivienda asequible, equipamientos públicos y aparcamiento.
Tarifa No Se Vende reitera la necesidad de una moratoria urbanística hasta contar con un nuevo PGOM debatido con la ciudadanía. Insiste en que el futuro de la localidad debe guiarse por el interés general y no por proyectos que podrían convertir el litoral en un escaparate turístico desvinculado de la realidad social local.
