Los alcaldes de Tarifa, Barbate y Conil han hecho este martes un frente común en defensa del sector de las almadrabas gaditanas, exigiendo al Gobierno de España una intervención urgente para resolver el conflicto laboral que mantienen los inspectores de pesca, en huelga indefinida desde hace semanas. La protesta, aseguran, pone en riesgo cientos de empleos y amenaza con paralizar la campaña del atún rojo salvaje, una de las más relevantes del año para la economía, el turismo y la gastronomía de la zona.
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, junto a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ofrecieron una rueda de prensa en el Ayuntamiento barbateño para mostrar su respaldo al sector almadrabero. “Las almadrabas no pueden esperar, el atún no entiende de huelgas ni de burocracia”, subrayaron, haciendo un llamamiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se siente a negociar con el colectivo en huelga.
Los regidores mostraron su preocupación por el impacto social y económico que esta situación ya está generando en sus municipios. Advirtieron que la paralización del sistema de inspección impide la actividad normal de las almadrabas, comprometiendo la comercialización del atún rojo y la celebración de los tradicionales eventos turísticos y gastronómicos que giran en torno a este producto de temporada.
Molina fue especialmente tajante al afirmar que este no es solo un problema laboral, sino una amenaza directa a un modelo de pesca sostenible que ha sido referente en Europa. Denunció la falta de diálogo por parte del Gobierno, que lleva desde noviembre sin ofrecer una solución, lo que ha desembocado en el actual escenario de incertidumbre.
Por su parte, los representantes de Conil y Tarifa insistieron en que el conflicto afecta a familias, empresas y al tejido hostelero y que no puede prolongarse más. Subrayaron la urgencia de garantizar el desarrollo normal de una campaña que no solo genera empleo directo, sino que dinamiza toda la economía local.
Como medida institucional, los tres ayuntamientos presentarán en breve una moción plenaria conjunta solicitando al Ejecutivo central que active una mesa de negociación inmediata, y así asegurar que el patrimonio pesquero tradicional y la actividad de las almadrabas puedan continuar en condiciones óptimas.
