Lo que comenzó como una aparición aislada en el estrecho de Gibraltar ha terminado por convertirse en una invasión masiva que avanza imparable por las costas españolas. La alga asiática Rugulopteryx okamurae, incluida desde 2020 en el catálogo nacional de especies exóticas invasoras, ha logrado asentarse ya en Galicia, generando un impacto ecológico, económico y social de enorme alcance.
Los datos son concluyentes: esta especie es capaz de crecer en fondos marinos de hasta 50 metros de profundidad, colonizando de forma agresiva los ecosistemas donde se instala. En algunas zonas del sur peninsular, ha provocado reducciones en las capturas pesqueras de hasta un 48% y daños directos a las artes de pesca tradicionales, como el palangre de fondo o los trasmallos, por la acumulación masiva de biomasa.
La situación ha encendido todas las alarmas en Galicia, especialmente en O Grove y la ría de Arousa, donde se han detectado los primeros asentamientos estables. Cofradías de pescadores y agrupaciones de marisqueo advierten de las consecuencias que puede tener la llegada de esta alga en uno de los entornos más productivos del Atlántico europeo. Su presencia ya afecta tanto a la biodiversidad como a la actividad económica ligada al mar.
Las administraciones han empezado a movilizar recursos. La Xunta de Galicia ha impulsado un grupo técnico especializado y múltiples acciones formativas e investigadoras. Entre ellas, destaca el proyecto Algasdet, que utiliza técnicas de secuenciación genética para mapear la presencia del alga y anticiparse a su propagación.
Uno de los aspectos más preocupantes es su enorme capacidad reproductiva y de colonización, que la convierte en una amenaza mayor que otras especies invasoras detectadas en el Mediterráneo en décadas pasadas. En playas y zonas intermareales, la retirada de la biomasa genera costes añadidos para los ayuntamientos y deteriora la calidad ambiental y turística del litoral.
El problema ya no es solo local. El recorrido de esta alga, desde su aparición en Ceuta y el Estrecho hasta su llegada a Francia, Portugal, Marruecos, las Azores y ahora Galicia, evidencia una emergencia que requiere acción estatal coordinada, antes de que los daños se extiendan a todo el ecosistema marino español.
