La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha alzado la voz contra el Ayuntamiento de Tarifa, reclamando la aplicación estricta de la normativa sobre vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos. Según la organización, el derecho a una vivienda digna está siendo vulnerado, convirtiendo este bien fundamental en un objeto de especulación.
El artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada y la obligación de los poderes públicos de garantizarlo. Además, la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, refuerza este principio al aumentar los porcentajes mínimos de suelo reservado para vivienda pública, alcanzando hasta un 50% para alquiler en terrenos destinados a este fin, según recuerdan desde este colectivo.
A nivel autonómico, la Ley 7/2021 de Andalucía y su reglamento asociado exigen reservas del 30% de edificabilidad residencial en nuevas urbanizaciones y del 10% en áreas de reforma interior para vivienda protegida. Pese a este sólido marco normativo, la plataforma denuncia la falta de voluntad política del Consistorio de Tarifa para aplicar estas leyes.
La organización asegura que los representantes municipales, elegidos para servir a la ciudadanía y no a intereses especulativos, están ignorando su deber. Por ello, han anunciado que revisarán todas las licencias de obras concedidas desde la entrada en vigor de estas normativas, para evaluar su cumplimiento.
Tarifa No Se Vende exige que se prioricen las necesidades habitacionales de los residentes, permitiéndoles acceder a viviendas dignas y asequibles, en lugar de favorecer la inversión y la especulación inmobiliaria. La plataforma advierte que continuará luchando por un modelo urbano más justo y sostenible.
