Proyecto pionero andaluz

Luz verde a la recogida de alga asiática para usos agrícolas sostenibles

La Junta autoriza la recolección científica, para será procesada bajo estrictos controles ecológicos en Castellar de la Frontera
Nuevo uso para el alga que invade nuestras costas
photo_camera Nuevo uso para el alga que invade nuestras costas

La Junta de Andalucía ha aprobado un innovador proyecto que permitirá recolectar con fines científicos las arribazones del alga invasora asiática Rugulopteryx okamurae en las costas de Tarifa y Algeciras. El objetivo es investigar su viabilidad como fertilizante agrícola y bioestimulante natural, en un intento de reducir su impacto ambiental y explorar soluciones sostenibles.

La iniciativa fue presentada tras una reunión entre la consejera Catalina García y el alcalde de Tarifa, Pepe Santos, con participación de investigadores, responsables municipales y representantes del ámbito educativo. En el proyecto se implican también la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul, que aplicarán estrictas medidas de bioseguridad para el tratamiento del alga.

El proceso de recogida, limitado a restos ya desprendidos de la costa, no afectará ni al alga viva ni al ecosistema marino, incluyendo especies protegidas como la Patella ferruginea. Una vez recolectada, la biomasa será transportada en contenedores cerrados a una finca en Castellar de la Frontera, donde se procederá a su inactivación biológica para evitar cualquier riesgo de expansión.

Este proyecto forma parte del nuevo Plan de Gestión elaborado por la Junta frente a la expansión de esta especie en el litoral andaluz, especialmente en el estrecho de Gibraltar. El plan busca no solo controlar la proliferación del alga, sino también canalizar su aprovechamiento dentro de un modelo de economía circular y sostenibilidad ambiental.

Además, la consejera destacó el apoyo continuado al sector pesquero afectado, subrayando que Andalucía ha sido la única administración en conceder ayudas específicas. García instó al Gobierno central a colaborar mediante un marco legal más flexible, un fondo de compensación estatal y apoyo a la investigación.

El proyecto, que tendrá una vigencia inicial hasta 2035, contempla obligaciones estrictas para los investigadores, como la entrega de informes anuales, comunicación previa con los servicios ambientales y evaluación constante del impacto.