Un documento presentado hace apenas unas horas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone en entredicho la validez jurídica de la actual estrategia nacional para combatir la expansión de la Rugulopteryx okamurae, el alga exótica invasora que desde 2015 afecta gravemente al litoral andaluz, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar.
Según recoge la solicitud, existe la posibilidad de que dicho documento oficial, en el que se basa la Administración para impedir la comercialización de esta especie, sea declarado nulo de pleno derecho. El motivo principal sería que su elaboración se apoyó en asesoramiento científico incompleto, sin tener en cuenta los aspectos jurídicos esenciales para su aplicación.
Detrás de esta iniciativa se encuentra un abogado natural de Tarifa, Francisco Pestime, que lleva cinco años investigando el problema de la Rugulopteryx. Como destaca Antonio Vegara, voz autorizada de esta problemática, su trabajo se realiza de forma altruista y que de sus conclusiones podrían derivarse medidas eficaces para reducir los daños medioambientales y económicos provocados por la especie invasora.
Sin embargo, las críticas se centran en el elevado coste de los informes técnicos y científicos contratados hasta la fecha, que, según estas fuentes, no han revertido en soluciones reales para la ciudadanía. Se habla de 180.000 euros por el informe de riesgo para la Unión Europea, 220.000 euros por la redacción de la estrategia y 60.000 euros adicionales por el plan marco de biomasa.
“Es como ir al médico, pagarle y que no te cure”, denuncia Vegara, que cuestiona la gestión actual de la crisis ecológica generada por esta alga asiática, que sigue propagándose en las costas con escaso control, mientras el problema económico y medioambiental se agrava.
