La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña se encuentra en el centro de una de las mayores controversias administrativas de los últimos años tras conocerse las conclusiones de distintos informes y la apertura de varias investigaciones relacionadas con la gestión de prestaciones públicas y el funcionamiento de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La polémica coincide con la transformación del organismo y la puesta en marcha de una nueva estructura administrativa impulsada por el Govern.
El detonante de la crisis ha sido un informe de la Sindicatura de Comptes, que sitúa en 167,56 millones de euros el importe de pagos considerados indebidos realizados entre los años 2016 y 2024. Según el órgano fiscalizador, una parte de esos fondos, superior a los 7 millones de euros, ya no podría recuperarse debido a la prescripción de los expedientes afectados.
Las observaciones recogidas por la Sindicatura apuntan a deficiencias en los sistemas de control y seguimiento de diferentes ayudas gestionadas por el departamento. Entre las prestaciones revisadas figuran recursos vinculados a la dependencia, las pensiones no contributivas, la renta garantizada de ciudadanía y programas dirigidos a jóvenes extutelados.
La situación ha provocado una creciente preocupación institucional y también diversas iniciativas ciudadanas. Entre ellas destaca la denuncia presentada por el periodista Xavier Rius, quien trasladó documentación a la Fiscalía para solicitar que se investiguen los hechos y se esclarezca si existieron responsabilidades derivadas de la gestión de estos fondos públicos.
Paralelamente, la Oficina Antifraude de Catalunya mantiene abiertas actuaciones relacionadas con la concesión y supervisión de determinadas ayudas destinadas a jóvenes extutelados. Parte de las investigaciones se centran en el papel desempeñado por entidades colaboradoras encargadas de gestionar recursos y programas financiados con fondos públicos.
A estas actuaciones se suman diligencias impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, que analiza si algunas de las incidencias detectadas responden exclusivamente a errores administrativos o si existen indicios que pudieran justificar otro tipo de responsabilidades. Las investigaciones continúan abiertas y, por el momento, no se han cerrado conclusiones definitivas.
Las controversias alrededor de la antigua DGAIA no se limitan al ámbito económico. Durante los últimos años han aflorado cuestionamientos relacionados con procedimientos de contratación, externalización de servicios, coordinación institucional y mecanismos de supervisión de recursos destinados a menores tutelados. Todo ello ha contribuido a un progresivo deterioro de la imagen pública del organismo.
En respuesta a esta situación, el Ejecutivo catalán presidido por Salvador Illa decidió sustituir formalmente la DGAIA por la nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). La consellera Mònica Martínez Bravo ha defendido esta reorganización como una reforma estructural destinada a reforzar la transparencia, mejorar los controles y recuperar la confianza en el sistema. Sin embargo, el debate político continúa abierto mientras avanzan las investigaciones y persisten interrogantes sobre el alcance real de las irregularidades detectadas y las posibles consecuencias que puedan derivarse de las mismas.
