El Parlamento de Gibraltar vivió este martes un intenso debate en torno a las nuevas Normas de Asignación de Vivienda 2026, que elevan de 10 a 15 años el periodo de residencia exigido para acceder a una vivienda pública. La medida, anunciada a comienzos de año por la ministra de Vivienda, Pat Orfila, fue objeto de un prolongado intercambio con el diputado del GSD Damon Bossino.
Orfila defendió que el nuevo requisito busca proteger el parque público de viviendas y priorizar a residentes de largo recorrido y con vínculos consolidados con Gibraltar. Según explicó, todas las personas solicitantes deberán acreditar 15 años de residencia y haber permanecido al menos 12 meses consecutivos en Gibraltar antes de poder inscribirse en la lista de espera.
La ministra subrayó que no existen diferencias entre gibraltareños nacidos en Gibraltar y aquellos nacidos en el extranjero, ya que la norma se aplica por igual. Además, aclaró que quienes hayan vivido largos periodos fuera deberán completar un año continuado de residencia antes de recuperar la elegibilidad.
Desde la oposición se cuestionó si la medida podría generar situaciones de injusticia, especialmente en el caso de personas con vínculos familiares pero sin residencia continuada. También se plantearon dudas sobre la limitación de la descalificación por propiedad únicamente a inmuebles situados en Gibraltar, sin extender el control a bienes en el extranjero.
Orfila argumentó que verificar propiedades fuera de la jurisdicción supondría un procedimiento complejo y difícilmente aplicable, al depender de sistemas registrales y marcos jurídicos distintos.
Otro de los puntos debatidos fue la definición de los casos médicos y sociales, cuya valoración corresponde al Comité de Solicitud de Vivienda, integrado por profesionales del ámbito sanitario y social. El ministro principal, Fabián Picardo, intervino para respaldar que sean los técnicos y no los responsables políticos quienes determinen dichas categorizaciones.
Asimismo, se aclaró que el requisito de que una persona de 16 años o más figure como “cabeza de familia” responde a situaciones excepcionales en las que un menor de edad pueda asumir esa condición por circunstancias familiares graves.
Durante la sesión, la ministra detalló que la Agencia de Obras de Vivienda atendió 579 incidencias entre el 27 de enero y el 18 de febrero, coincidiendo con el periodo de inclemencias meteorológicas. Se registraron 311 filtraciones por fachada, 38 por cubierta, 213 por ventanas y averías en 17 ascensores debido a la entrada de agua.
El coste total de las reparaciones aún no ha sido cuantificado, dado el elevado número de incidencias recibidas.
