Los no gibraltareños deberán haber residido en Gibraltar durante 15 años antes de poder inscribirse en la lista de espera de viviendas públicas, frente a los 10 años exigidos hasta ahora. El cambio supone un aumento del 50% en el requisito de residencia y forma parte de una revisión más amplia de los criterios de acceso al sistema.
Un requisito más estricto de residencia
La ministra de Vivienda, Pat Orfila, explicó que el objetivo principal de la reforma es proteger la identidad gibraltareña y salvaguardar el limitado parque de viviendas del que dispone el territorio. “Mi prioridad es proteger a Gibraltar y a su gente. No tenemos muchas viviendas disponibles, y si todos pudieran inscribirse en la lista, correríamos el riesgo de perder nuestra identidad”, afirmó.
Orfila señaló además que los cambios estaban previstos ante la próxima implementación del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, que podría incrementar la presión sobre la vivienda local. Según indicó, la modificación busca garantizar que las viviendas públicas se destinen a los gibraltareños y residentes de larga duración.
El cambio eleva el requisito de residencia de 10 a 15 años, aplicable a todas las personas, incluidos los gibraltareños, aunque en su caso suele cumplirse fácilmente. Aquellos que hayan residido previamente en Gibraltar durante 15 años y regresen tras vivir en el extranjero deberán acreditar un año adicional de residencia continua antes de poder solicitar una vivienda pública.
Novedades en el sistema de puntos y sanciones
El Gobierno también ha introducido modificaciones en el sistema de puntos, que será ahora más transparente y verificable. Los solicitantes podrán consultar su posición real en la lista y los puntos se otorgarán en función de criterios objetivos, como el estado del inmueble, la existencia de humedad o el grado de hacinamiento.
Además, se podrán conceder hasta 1.000 puntos discrecionales en casos excepcionales, y las viviendas pasarán a medirse oficialmente en metros cuadrados en lugar de pies cuadrados, en línea con la normativa vigente desde 1994.
Las normas también se actualizan para reconocer a las parejas de hecho y uniones civiles, sin necesidad de matrimonio, y se endurecen las sanciones por falsedad en las solicitudes: proporcionar información falsa al Comité de Asignación de Vivienda conllevará una multa de hasta 1.000 libras.
Otro cambio relevante eleva el umbral de ganancia obtenida por la venta de una vivienda: quienes hayan vendido una propiedad y obtenido un beneficio de hasta 60.000 libras podrán seguir siendo elegibles para acceder a una vivienda pública, frente al límite anterior de 50.000 libras.
Críticas de Action for Housing
Desde el colectivo Action for Housing, su presidente Henry Pinna consideró “excesivo” el nuevo requisito de 15 años de residencia, al estimar que solo debería exigirse a quienes no contribuyen fiscalmente durante ese tiempo.
Pinna pidió mayor transparencia en el Comité de Asignación de Vivienda y la posibilidad de apelar decisiones desfavorables. Además, criticó que el sistema actual pueda penalizar casos de urgencia habitacional, proponiendo un modelo más flexible, “caso por caso”, en lugar de basarse solo en el tiempo en lista de espera.
El activista también cuestionó que no se contabilicen las salas de estar en los puntos por hacinamiento, recordando que muchas familias las utilizan como dormitorios. Asimismo, reclamó que quienes se divorcian y venden su vivienda, obteniendo cada uno 70.000 libras, puedan acceder a viviendas asequibles, ya que “es muy difícil comprar o alquilar en el mercado libre con esa cantidad”.
Una medida para garantizar la equidad
La ministra subrayó que la reforma pretende poner fin a la falta de transparencia detectada en los últimos años y asegurar que los recursos públicos beneficien realmente a quienes más lo necesitan. “Estoy intentando ser lo más justa posible. Quiero que el sistema refleje la realidad y premie los casos de necesidad auténtica”, concluyó.
Los nuevos criterios, que ya han entrado en vigor, se enmarcan en la política del Ejecutivo de optimizar los recursos públicos y responder a la creciente demanda de vivienda en el territorio.
