El Gobierno de Gibraltar publicó el pasado 10 de julio la Normativa de Residencia de 2026, un nuevo marco jurídico destinado a regular la concesión de permisos de residencia en el Peñón tras el Tratado sobre Gibraltar y la Unión Europea. El texto fue publicado en la Gaceta de Gibraltar y quedó fijada su entrada en vigor para el 14 de julio.
La nueva regulación otorgó fuerza legal a los criterios de política que el Ejecutivo ya había presentado y debatido previamente con el sector empresarial, con el objetivo de facilitar la aplicación del nuevo régimen previsto en el tratado y en la legislación aprobada para desarrollarlo.
La normativa estableció las distintas categorías desde las que podrá solicitarse la residencia en Gibraltar, incluyendo trabajadores por cuenta ajena, autónomos, estudiantes, funcionarios de la Corona, miembros de las Fuerzas Armadas británicas, residentes actuales y residentes permanentes. Además, fijó los requisitos específicos para acceder a cada una de estas modalidades.
El texto también aclaró que los titulares de documentos de identidad de Gibraltar no estarán obligados a solicitar un permiso de residencia conforme al nuevo sistema. Asimismo, incorporó disposiciones sobre la renovación de autorizaciones, la reagrupación familiar, los procedimientos de recurso y las medidas relacionadas con el orden público, la seguridad y la salud pública.
Otra de las novedades incluidas en la normativa fue la posibilidad de aplicar criterios de flexibilidad en determinados supuestos considerados de interés para Gibraltar, especialmente cuando se trate de profesionales con cualificaciones relevantes para el desarrollo económico o de sectores donde exista una falta acreditada de mano de obra especializada.
La ministra de Salud, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vásquez, defendió que el nuevo marco buscaba equilibrar las necesidades de la economía con la protección de la vivienda, los servicios públicos y los intereses generales de Gibraltar. Según explicó, el objetivo no era limitar la llegada de personas, sino adaptar la política de residencia a la nueva etapa que abrirá el tratado con la Unión Europea.
Por su parte, el ministro principal, Fabian Picardo, afirmó que la normativa proporcionaba la seguridad jurídica necesaria para el nuevo régimen de residencia y sostuvo que el Peñón debía seguir siendo un territorio abierto al talento y a la inversión, aunque con un sistema regulado que garantizara la protección de los intereses de la comunidad y una gestión ordenada de las oportunidades derivadas del futuro tratado.
