La comunidad empresarial de Gibraltar ha trasladado públicamente su inquietud a menos de dos meses de la entrada en vigor del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Peñón, prevista para el próximo 10 de abril. Representantes de distintos sectores económicos coinciden en describir el momento actual con tres palabras: frustración, preocupación e ira.
Durante las últimas semanas, el Gobierno gibraltareño ha mantenido encuentros informativos con empresarios, incluida una reunión multitudinaria en la que participaron el ministro principal, Fabian Picardo, junto a miembros del equipo negociador. Sin embargo, pese a estas sesiones, gran parte del tejido productivo considera que la información disponible sigue siendo insuficiente en aspectos prácticos y sectoriales.
Incertidumbre operativa y falta de detalles técnicos
El malestar quedó patente en un foro organizado por la Federación de Pequeñas Empresas (GFSB) y la Cámara de Comercio, que reunió a un amplio espectro empresarial. El objetivo fue elaborar una lista de cuestiones prioritarias y recomendaciones para trasladarlas al Ejecutivo antes de la publicación oficial del texto del tratado.
Las dudas se centran en la aplicación concreta de los nuevos sistemas de importación y exportación, la regulación de los servicios transfronterizos y la adaptación a los requisitos de la Unión Europea. Con el tratado en vigor, Gibraltar quedará sujeto a determinadas normas comunitarias y no todos los proveedores actuales estarán capacitados para operar bajo ese marco.
Los empresarios insisten en que necesitan conocer con precisión cómo funcionarán los procedimientos, qué documentación será exigible y qué cambios deberán implementar en cada sector. La cercanía del 10 de abril incrementa la presión.
Cinco demandas clave al Gobierno
Del encuentro surgió una hoja de ruta con cinco peticiones principales:
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Apoyo financiero para amortiguar el impacto inicial.
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Orientación clara, mediante manuales específicos por sectores.
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Una estrategia económica definida a medio plazo.
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Aplicación justa de las normas para evitar distorsiones en la competencia.
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Un plan para proteger el carácter británico de Gibraltar.
Este último punto fue especialmente reiterado por comerciantes que consideran la oferta británica como un elemento diferencial del Peñón frente al entorno del Campo de Gibraltar. Temen que los mayores costes de importación desde el Reino Unido bajo el nuevo marco afecten a esa singularidad comercial.
Impacto fiscal y competencia transfronteriza
También preocupa el nuevo impuesto a las transacciones, que comenzará en el 15 % y aumentará hasta el 17 % en tres años. Restauradores, minoristas y operadores logísticos advierten de que el incremento de costes puede afectar a su competitividad frente a negocios situados en el entorno de la comarca.
Otro foco de inquietud es la supervisión de la prestación de servicios una vez que se modifique el régimen fronterizo. Empresarios reclaman controles efectivos que garanticen igualdad de condiciones y eviten situaciones de competencia desleal.
Entre la necesidad del acuerdo y la exigencia de claridad
Pese a las críticas, la mayoría del sector reconoce que un tratado es preferible a un escenario sin acuerdo y con frontera dura. No obstante, subrayan que la claridad debe llegar antes de la fecha límite y que el Gobierno debe comprometerse a acompañar al tejido productivo en la transición.
Los empresarios también reclaman una estrategia clara para aprovechar las oportunidades que podría generar el acceso a un mercado potencial de 450 millones de personas en la UE, siempre que existan herramientas prácticas que permitan materializar ese potencial.
Con el 10 de abril cada vez más cerca, el mensaje del sector es claro: la adaptación es inevitable, pero necesita información detallada, seguridad jurídica y apoyo institucional para afrontarla.
