El inspector Sean Picton, de 37 años, y el exagente Anthony Bolaños, de 38, ambos miembros de la Royal Police Gibraltar, se han declarado culpables de obtención y divulgación de datos personales sin consentimiento en virtud del artículo 175 (1)(a) de la Ley de Protección de Datos de 2004. Los cargos originales de mala conducta en el ejercicio de un cargo público y acceso no autorizado a material informático fueron retirados por la Corona.
Según los hechos reconocidos ante la Corte Suprema, Picton accedió a material policial de la RGP y compartió información confidencial con Bolaños, quien posteriormente la transmitió a un tercero que se encontraba bajo investigación. Los datos revelados incluían el progreso de la causa y la decisión sobre si presentar cargos o emitir una amonestación. Los delitos se cometieron entre octubre de 2022 y enero de 2023.
Durante la vista celebrada el jueves, el juez Matthew Happold subrayó que los nuevos cargos representan “una reducción considerable de la gravedad del delito”, recordando que la mala conducta en un cargo público puede conllevar pena de prisión perpetua, mientras que las infracciones de protección de datos suelen sancionarse con multas. El magistrado indicó además que existía “una perspectiva realista de condena” si el caso hubiese seguido por la vía de los cargos más graves.
La decisión de la Corona de modificar la acusación se produjo tras la emisión de un “fiat” del Fiscal General, una autorización formal que permitió sustituir los cargos de mala conducta por delitos menores de obtención y revelación de datos. El juez decidió no dictar sentencia en la sesión y fijó la nueva fecha para el 2 de febrero, día en que originalmente debía celebrarse el juicio.
Durante la audiencia también se levantaron restricciones de información relativas a una solicitud de abuso de proceso presentada el año pasado por la defensa, que alegaba presunta conducta indebida del excomisario de Policía Richard Ullger. El juez Happold rechazó esa solicitud tras analizar los intercambios de mensajes de WhatsApp entre Ullger y la esposa de un investigado, concluyendo que no existían pruebas de presión ni de revelación inapropiada de información.
La investigación policial concluyó en febrero de 2024, y ambos acusados fueron entonces imputados. Picton permanece suspendido de sus funciones, mientras que la representación legal de la defensa corrió a cargo del abogado Shane Danino, y la Corona estuvo representada por el fiscal Johan Fernández.
