El Consejo Europeo ha comenzado formalmente el examen del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, dando así el primer paso en el proceso de ratificación comunitario. El Grupo de Trabajo sobre las Relaciones UE-Reino Unido, integrado por diplomáticos y representantes de los 27 Estados miembros, la Comisión Europea y la Secretaría General del Consejo, celebró la pasada semana su primera ronda de debates.
Según fuentes comunitarias, este encuentro marca el inicio del procedimiento interno de la UE, aunque por el momento no existe un calendario definido para su conclusión. La Comisión Europea ha recomendado que el texto sea tramitado como un acuerdo “exclusivamente de la UE”, lo que implicaría que únicamente requeriría la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo.
En caso de que el tratado fuese considerado un “acuerdo mixto”, también debería ser ratificado por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, conforme a sus respectivas normas constitucionales. Varios países han solicitado una opinión del Servicio Jurídico del Consejo para clarificar esta cuestión, por lo que la decisión definitiva aún está pendiente.
Fases del procedimiento europeo
En esta primera etapa, el Consejo debe autorizar oficialmente a la Comisión a firmar el acuerdo. Una vez rubricado, el texto será remitido al Parlamento Europeo para su aprobación. El último paso consistirá en la conclusión formal del tratado por parte del Consejo, tras el consentimiento parlamentario.
Si finalmente se opta por la fórmula de acuerdo exclusivamente comunitario, el proceso sería más ágil. En caso contrario, la ratificación se prolongaría al requerir el visto bueno de cada Estado miembro.
Tras el análisis técnico del Grupo de Trabajo, el expediente pasará al COREPER, el Comité de Representantes Permanentes de los Estados ante la UE, antes de su elevación al Consejo para su adopción formal.
Aplicación provisional desde abril
Mientras avanzan los trámites en Bruselas, el Gobierno de Gibraltar ha intensificado sus reuniones con agencias y sectores económicos ante la previsión de que el tratado pueda aplicarse provisionalmente a partir del 10 de abril.
Esa fecha coincide con la implantación en toda la UE del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el nuevo mecanismo automatizado de control fronterizo. El tratado contempla disposiciones específicas para evitar que los residentes gibraltareños queden sometidos a controles biométricos estrictos y a las limitaciones generales de permanencia en el espacio Schengen.
Sin esas medidas, existe preocupación por el posible impacto en la fluidez de la frontera y en las comunidades de ambos lados. La aplicación provisional permitiría activar los compromisos esenciales del acuerdo mientras se completa la ratificación formal, una práctica habitual en el ámbito de los tratados internacionales.
En las últimas semanas han comenzado en el Peñón trabajos preparatorios para habilitar infraestructuras temporales que permitan esa puesta en marcha provisional. Aunque las instalaciones definitivas podrían no estar completamente terminadas en abril, el Ejecutivo gibraltareño estudia soluciones transitorias para garantizar la operatividad desde esa fecha.
Por su parte, el Gobierno español ha señalado que está realizando los preparativos necesarios, en un contexto en el que desde distintos ámbitos políticos del Campo de Gibraltar se han reclamado más detalles sobre el desarrollo del acuerdo.
