El pasado 10 de febrero, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, recibió al líder de la oposición, Keith Azopardi, para que pudiera examinar y conocer de primera mano el borrador definitivo del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, un texto que aún no ha sido publicado oficialmente.
Este paso marca un acercamiento poco habitual en Gibraltar: la voluntad de involucrar no solo a los responsables políticos del Peñón, sino también a representantes de la oposición a un nivel técnico y previo a la publicación oficial del documento.
Este encuentro se suma a otras iniciativas recientes de las autoridades gibraltareñas para dar a conocer el contenido del acuerdo a su sociedad. En los últimos días, altos cargos gibraltareños han celebrado reuniones con empresarios locales para explicar el alcance del Tratado, resolver dudas y preparar al tejido económico ante los cambios que se producirán y les afectarán en su actividad. Además, se han intensificado las comunicaciones institucionales y las sesiones informativas con distintos sectores.
Frente a esta frenética actividad, no parece que España haya puesto en marcha ninguna iniciativa similar. No consta que el Gobierno haya convocado reuniones informativas recientes desde que se anunciaron el final de las negociaciones el pasado diciembre con los sectores afectados por el acuerdo, sobre todo aquellos en el Campo de Gibraltar, ni que haya abierto espacios de diálogo público para explicar el contenido del borrador. Tampoco se ha anunciado un proceso específico para que la oposición española pueda examinar el texto en profundidad antes de su presentación formal. Pero, si el contenido es tan beneficioso para España como para Gibraltar, ¿por qué Picardo sí se siente seguro de exhibirlo a la oposición mientras que el Gobierno español se resiste?, ¿por qué ese silencio?
La cuestión de Gibraltar es un asunto históricamente sensible para España. Cualquier percepción de concesión en materia de soberanía, control fronterizo o fiscalidad puede convertirse en un arma política. Compartir el texto con la oposición implicaría asumir el riesgo de que señalen debilidades o se filtren aspectos controvertidos, que dada la reserva con la que están tratando este asunto, seguro que los hay y son fácilmente identificables por cualquiera, por lo que para la oposición política todavía más.
Sin embargo, esta estrategia también tiene costes. La falta de transparencia puede generar desconfianza no solo en la oposición, sino también en la ciudadanía y en los sectores económicos directamente afectados. Si el Tratado es sólido y beneficioso para España, permitir su examen reforzaría su legitimidad. Si contiene puntos difíciles de defender, retrasar el debate no implicará que llegue.
La diferencia de estilos es más que evidente, lo que remarca una profunda diferencia en la cultura política de ambos territorios: en Gibraltar se busca blindar el acuerdo con consenso previo, mientras que España parece que intenta evitar que amplios sectores de la sociedad y la política local y nacional condicionen el acuerdo o retrasen su implementación.
