La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a seis familiares del expresidente sirio Bashar Al Assad, además de dos testaferros, por el presunto blanqueo de 700 millones de euros mediante la compra de inmuebles en la Costa del Sol, concretamente en la provincia de Málaga, incluyendo inversiones en negocios turísticos de alto valor en localidades como Benahavís o Puerto Banús.
Aunque inicialmente estaba previsto que compareciera también su tío, Rifat Al Assad, finalmente ha sido apartado del proceso por motivos de salud. Este ya fue condenado en Francia por delitos similares y, según la Fiscalía, se encontraba en la cúspide de una estructura piramidal internacional destinada a ocultar fondos ilícitos usurpados al Tesoro sirio.
El origen del dinero, según la acusación, proviene no solo de fondos desviados del presupuesto de la presidencia siria —tras su exilio forzado en 1983— sino también de actividades como extorsión, contrabando, tráfico de drogas y expolio arqueológico.
Parte de esa fortuna se canalizó a través de sociedades en paraísos fiscales como Panamá, Bahamas o Jersey, aunque también se utilizó una estructura opaca basada en Gibraltar, desde donde en 1986 se iniciaron las primeras operaciones en España con la adquisición de 244 plazas de garaje.
El juicio pone el foco sobre las debilidades de los sistemas de control patrimonial y la importancia de la cooperación internacional para rastrear capitales procedentes de conflictos y regímenes autoritarios.
