El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit ha abierto un nuevo frente político en España, centrado en cómo debe formalizarse su ratificación y qué papel deben tener las Cortes Generales en este proceso.
El debate afecta directamente al Campo de Gibraltar y a Gibraltar, donde las consecuencias del pacto son especialmente relevantes en términos económicos, laborales y de movilidad. Mientras el Ejecutivo sostiene que el procedimiento europeo es suficiente, Partido Popular y Vox consideran imprescindible una validación parlamentaria nacional.
Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que se trata de un acuerdo de asociación de la Unión Europea con un tercer país, lo que implica que su ratificación corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE. Según esta interpretación, avalada por los servicios jurídicos europeos y la Abogacía del Estado, no sería necesario someter el texto a votación en España.
Sin embargo, la oposición mantiene una postura contraria. Tanto PP como Vox sostienen que el acuerdo afecta a cuestiones recogidas en la Constitución, como la integridad territorial, los derechos fundamentales o posibles obligaciones económicas del Estado, por lo que consideran que debe tramitarse como una ley orgánica, lo que implicaría su aprobación por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado.
Además del procedimiento, ambos partidos han cuestionado la falta de transparencia durante las negociaciones. Critican que ni las Cortes Generales ni los principales grupos políticos hayan tenido acceso al contenido del acuerdo durante su elaboración, y señalan también que el texto no se ha difundido en castellano, lo que, a su juicio, dificulta su análisis por parte de la ciudadanía.
En paralelo, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado el acuerdo de “migajas”, reduciendo sus efectos a la eliminación de la verja y al uso compartido del aeropuerto. Asimismo, ha advertido de posibles consecuencias como un aumento del flujo de capitales o una subida del precio de la vivienda en municipios cercanos como La Línea de la Concepción, lo que podría incrementar la presión social en la zona.
