Con el respaldo mayoritario de los grupos políticos, salvo la abstención de Vox, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha dado luz verde al inicio de la tramitación de un convenio con el Gobierno central para gestionar una subvención de 7,3 millones de euros, comprometida por la ministra María Jesús Montero durante su visita a la comarca.
La partida, que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 como transferencia de capital, se enmarca en la continuidad del Plan General del Campo de Gibraltar, aprobado en 2018, y prioriza inversiones en agua, residuos y sostenibilidad. La distribución entre municipios se ha realizado de forma proporcional, ajustada a las necesidades detectadas.
Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del abastecimiento en la entrada de Algeciras, la nueva impulsión de aguas residuales en La Línea de la Concepción, un colector perimetral en Los Barrios, un depósito regulador en Atlanterra (Tarifa), y nuevas infraestructuras de saneamiento en Jimena de la Frontera, Castellar y San Martín del Tesorillo.
En materia de residuos, se contempla una modernización integral del sistema comarcal, con renovación de flota en San Roque y La Línea, nueva maquinaria de limpieza, contenedores, y mejoras en eficiencia energética. También se aprobó atender alegaciones de Verdemar Ecologistas en Acción sobre un proyecto de aguas regeneradas impulsado por FCC Aqualia.
El pleno comarcal debatió además varias mociones políticas, entre ellas, una sobre la condonación de deuda a comunidades autónomas y otra en defensa de la sanidad pública, esta última aprobada por amplia mayoría. Se criticó a la Junta de Andalucía por la situación del sistema sanitario y se exigieron mejoras en infraestructuras, personal y reducción de listas de espera.
Finalmente, el Consejo de Administración de ARCGISA, empresa pública comarcal de aguas y residuos, aprobó la cuenta general de 2024, con un déficit de 2,31 millones, pero con mejora del patrimonio neto. Se atribuye el resultado negativo al aumento de costes del agua adquirida a la Junta. Se adoptaron además medidas internas como un Código Ético, la creación del Comité de Ética y un Sistema Interno de Información para canalizar denuncias, conforme a la Ley 2/2023.
