La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la nueva convocatoria de ayudas LEADER marca el inicio de un periodo clave para el impulso del desarrollo rural en Andalucía, con especial impacto en el Campo de Gibraltar. Estas subvenciones, dirigidas a entidades y personas que no forman parte de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.
La resolución, firmada el 13 de abril de 2026 por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, establece un modelo de concesión en régimen de concurrencia no competitiva, lo que significa que las ayudas se irán otorgando conforme se presenten y cumplan los requisitos establecidos. El texto completo puede consultarse en el propio BOJA .
El presupuesto global para los ejercicios 2026 y 2027 asciende a 97,5 millones de euros, financiados en un 85% por fondos europeos FEADER y el 15% restante por la comunidad autónoma. Estas ayudas buscan fortalecer el tejido económico y social de las zonas rurales, favoreciendo la creación de empleo, la innovación y la diversificación económica.
Podrán optar a estas subvenciones personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, siempre que desarrollen proyectos alineados con las Estrategias de Desarrollo Local diseñadas por los GDR. Entre las condiciones, se incluye que los solicitantes deberán ejecutar operaciones previamente seleccionadas dentro de dichas estrategias, enfocadas en mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de vida en el entorno rural.
El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2028, iniciándose desde el día siguiente a la publicación del extracto oficial. Las solicitudes deberán tramitarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la administración autonómica, siguiendo el procedimiento habilitado para estas ayudas.
Desde el ámbito local, esta convocatoria se considera una oportunidad relevante para emprendedores, empresas y entidades del territorio, ya que permitirá canalizar inversiones hacia sectores estratégicos como el agrario, forestal, turístico o de servicios, reforzando el papel de las comunidades rurales como motor de desarrollo económico y social.
