El origen: una ciudad en calma antes de la tormenta
La tarde del 25 de enero de 2023 había comenzado como tantas otras en Algeciras. El frío de enero vaciaba a medias la Plaza Alta, los niños jugaban a intervalos y las cafeterías intentaban combatir el invierno con estufas y conversaciones rutinarias. Nada hacía presagiar que, en cuestión de minutos, aquel espacio —el corazón simbólico de la ciudad— se convertiría en escenario de muerte, pánico y silencio.
Dentro de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia hacía lo que llevaba años haciendo: recoger el altar, apagar velas, velar por un templo que sentía como suyo. Sacristán discreto, conocido por ayudar a quien llamara a la puerta, cristiano sin estridencias, Diego representaba una forma de religiosidad cotidiana, ajena al conflicto, profundamente arraigada en el tejido social de la ciudad.
La secuencia del horror
Minutos antes, en la parroquia de San Isidro, un joven desconocido había irrumpido armado con un machete. Hirió gravemente al vicario Antonio Rodríguez Lucena y huyó cuesta abajo, atravesando calles estrechas, sembrando el miedo. Nadie sabía aún qué estaba ocurriendo. No había alertas ni avisos claros: solo rumores, gritos y carreras.
Cuando el agresor entró en La Palma, el destino ya estaba sellado. Golpeó imágenes, gritó consignas religiosas y desató el pánico entre las feligresas. Diego, en un gesto instintivo, intentó interponerse. Fue entonces cuando recibió las primeras cuchilladas. Aún herido de muerte, logró salir del templo y avanzar hasta la Plaza Alta, donde cayó definitivamente.
Allí, ante decenas de testigos paralizados, fue rematado. El agresor levantó el arma, gritó y siguió su camino. Aquella imagen —el cuerpo tendido junto a la fuente central— quedó tatuada en la memoria colectiva de la ciudad.
El detenido y las preguntas que llegaron tarde
El autor, Yassine Kanjaa, fue detenido minutos después por agentes de la Policía Local, arrodillado, rezando, con el machete ensangrentado a pocos metros. Poco a poco, a lo largo de aquella noche interminable, fueron aflorando los datos que encendieron la indignación: se trataba de un inmigrante en situación irregular, con un expediente de expulsión abierto desde junio de 2022 que nunca se ejecutó, según consta en la documentación administrativa.
La pregunta comenzó a circular con fuerza en Algeciras y en todo el Campo de Gibraltar: ¿cómo pudo ocurrir esto? No solo quién era el agresor, sino por qué nadie lo había apartado del circuito de riesgo cuando aún había margen para hacerlo.
Del duelo al debate nacional
El asesinato de Diego Valencia no tardó en trascender el ámbito local. Medios nacionales, debates parlamentarios y pronunciamientos institucionales pusieron el foco en Algeciras. Se habló de yihadismo, de radicalización, de salud mental y de fallos en los sistemas de control y prevención.
La ciudad respondió primero con dolor y unidad. Minutos de silencio, velas, altares improvisados y funerales multitudinarios marcaron los días posteriores. El párroco de La Palma, Juan José Marina, puso palabras a lo que muchos sentían: Diego había muerto “por su fe”, pero también por proteger a otros. Para muchos vecinos, se convirtió en un símbolo, casi en un mártir cívico, más allá de lo estrictamente religioso.
El largo camino judicial
Dos años después de los hechos, el foco se trasladó a Madrid. La Audiencia Nacional juzgó a Kanjaa por asesinato y delitos terroristas. La Fiscalía solicitó penas de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, el desenlace volvió a sacudir a la ciudad: absolución penal por aplicación de la eximente completa de trastorno mental y orden de internamiento psiquiátrico por un máximo de 30 años.
La sentencia no fue unánime. Un voto particular defendió que los hechos sí debían considerarse terrorismo. Y ahí se abrió una nueva grieta: al no calificarse como tal, la familia de Diego quedaba fuera de las ayudas previstas para víctimas del terrorismo.
La herida que no cicatriza
Tres años después, la familia sigue reclamando justicia, no solo castigo. Según apuntan juristas consultados, podría existir una posible responsabilidad patrimonial del Estado por no haber ejecutado la expulsión cuando correspondía. Asociaciones de víctimas han recurrido la sentencia. La Fiscalía, por su parte, insiste en que terrorismo y enfermedad mental no son conceptos incompatibles.
Mientras tanto, la Plaza Alta sigue siendo la misma… y no lo es. Los vecinos pasan, se detienen un segundo, miran el suelo donde aún aparecen flores de vez en cuando. El miedo se diluye con el tiempo, pero la desconfianza permanece. La pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino qué ha cambiado realmente desde entonces.
Lo que está en juego ahora
El caso Diego Valencia ya no es solo un suceso criminal. Se ha convertido en un caso testigo que interpela al Estado sobre inmigración, salud mental, seguridad, prevención de la radicalización y protección efectiva a las víctimas. Lo que decidan los tribunales superiores marcará precedentes y enviará un mensaje claro a la sociedad.
En Algeciras, mientras tanto, el tiempo avanza con dificultad. Porque hay heridas que no se cierran con sentencias, ni con placas, ni con homenajes. Solo con respuestas claras. Y esas, tres años después, aún están por llegar.
Causas profundas: fallos que convergen
El caso Valencia destapa una cadena de fallos estructurales:
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Administrativas: Kanjaa tenía una orden de expulsión desde junio de 2022 que no se ejecutó.
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Seguridad: ausencia de seguimiento pese a incidentes previos en templos.
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Salud mental: carencias en detección y tratamiento de patologías graves en contextos de exclusión.
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Radicalización: consumo de contenido extremista en un entorno vulnerable.
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Marco legal: tensión entre imputabilidad penal y calificación terrorista cuando concurre enfermedad mental.
Todos los actores implicados
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Instituciones: Ministerio del Interior, Audiencia Nacional, Fiscalía, Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía.
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Fuerzas de seguridad: Policía Local de Algeciras y Policía Nacional.
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Ámbito judicial: magistrados con voto particular y recursos ante la Sala de Apelación.
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Iglesia: Parroquia de La Palma y su párroco Juan José Marina.
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Familiares y víctimas: viuda e hijos de Diego Valencia; heridos.
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Sociedad civil: AVT, asociaciones islámicas locales, colectivos vecinales.
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Responsables políticos: el alcalde José Ignacio Landaluce y representantes autonómicos y estatales.
Datos, cifras y precedentes
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Víctimas: 1 fallecido y 3 heridos.
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Penas solicitadas: hasta 50 años de prisión (Fiscalía); internamiento máximo de 30 años.
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Indemnizaciones: 150.000 € a la viuda y 50.000 € a cada hijo; el condenado es insolvente.
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Precedentes: la Audiencia Nacional ha reconocido en otros casos la compatibilidad entre trastorno mental y terrorismo a efectos de protección a víctimas.
Controversias y zonas grises
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¿Terrorismo o no? Dos magistrados dijeron no; un voto particular dijo sí.
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Responsabilidad patrimonial del Estado: juristas sostienen que la no expulsión podría generar responsabilidad.
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Capacidad deliberativa: según interpretaciones jurídicas, ocultar el arma y apagar el móvil cuestiona la anulación total de la voluntad.
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Indefensión de las víctimas: sin calificación terrorista, no hay ayudas estatales.
Impacto directo
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Ciudadanía: miedo persistente, duelo no resuelto y polarización del debate público.
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Economía local: impacto reputacional en el centro histórico y la hostelería.
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Seguridad: refuerzo policial en eventos religiosos y revisión de protocolos.
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Servicios públicos: presión sobre salud mental y coordinación interadministrativa en el Campo de Gibraltar.
Qué puede pasar en los próximos meses
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Resolución de recursos que podría recalificar los hechos como terrorismo.
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Posible apertura de una vía de responsabilidad patrimonial del Estado.
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Nuevas medidas de prevención de radicalización y atención psiquiátrica.
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Avances —o estancamiento— en los homenajes permanentes a la víctima.
Preguntas que aún no se hacen (y deberían)
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¿Cuántas órdenes de expulsión similares siguen sin ejecutarse en España?
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¿Existe un protocolo específico para incidentes religiosos con indicios psiquiátricos?
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¿Debe reformarse la ley para proteger a las víctimas cuando hay eximente completa?
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¿Quién asume el coste real cuando el condenado es insolvente?
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¿Cómo se evalúa la radicalización online en contextos de enfermedad mental?
Una ciudad ante su espejo
Tres años después, Algeciras sigue esperando respuestas. La memoria de Diego Valencia permanece en la Plaza Alta, en cada vela y en cada silencio. La decisión final de los tribunales no solo cerrará un proceso judicial: definirá cómo el Estado protege a sus ciudadanos cuando confluyen terrorismo, exclusión y enfermedad mental.
La herida sigue abierta; la agenda, también. Y el silencio, cada vez pesa menos.
