Las últimas imágenes de Yassine Kanjaa, principal acusado por el atentado yihadista en Algeciras, no han pasado desapercibidas. Lejos quedan las primeras que salieron a la luz con el rostro demacrado y ojeroso tras ser arrestado minutos más tarde de asesinar con un machete al sacristán Diego Valencia aquel fatídico 25 de enero de 2023.
Desde entonces sólo se le había visto salir de furgones policiales camino a los juzgados, con la cara tapada o de espaldas, pero igualmente muy delgado y con una apariencia descuidada. El pasado lunes, 6 de octubre, 985 días después, comparecía en la Audiencia Nacional y no parecía ni que fuese la misma persona: con algunos kilos de peso de más, mejor tono de piel y hasta vistiendo ropa de marca, con un coste que seguramente no todo el mundo puede asumir. ¿De dónde ha salido ese dinero?, ¿quién se la habrá comprado?
El contraste ha desatado un profundo malestar social, especialmente en la ciudad de Algeciras, donde aún se siente el dolor y el temor por aquel atentado. “Parece que en vez de prisión está en un retiro”, han comentado vecinos indignados en redes sociales. Y es que la percepción es clara: mientras muchas familias luchan por llegar a fin de mes, un asesino confeso vive bajo techo, muy bien alimentado y con atención médica garantizada. Porque eso es otra: aunque los peritos coinciden en que Kanjaa sufría algún tipo de trastorno psicótico o delirio en el momento del ataque, su defensa va más allá y sostiene que sus facultades estaban completamente anuladas, lo que implicaría una eximente total o una reducción sustancial de responsabilidad: para entendernos, que no era consciente de lo que estaba haciendo.
Más allá del dolor, también quedan la rabia e impotencia entre quienes, a día de hoy, dos años y ocho meses más tarde, siguen sin entender que en el momento del crimen, Kanjaa debía haber sido ya expulsado de España tras un expediente abierto por estancia ilegal ¡seis meses antes!. Su permanencia en el país y posterior actuación terrorista son vistas como una clara cadena de negligencias institucionales.
El debate no es nuevo, pero este caso lo reaviva con fuerza: ¿deben los autores de asesinatos recibir un trato tan privilegiado dentro del sistema penitenciario o psiquiátrico de nuestro país? ¿No debería haber un mayor equilibrio entre derechos del reo y memoria de las víctimas?
Para muchos, las imágenes actuales de Kanjaa son una bofetada a la ciudadanía por medio de una Justicia, la española, que en casos como el que nos ocupa, no hay quien la entienda.
