El juicio se aplazó a petición de la Acerinox, pero los trabajadores que formaron parte del comité de huelga y sobre los que pesa una petición de casi 30M€ por parte de la empresa, sí que han podido celebrar la concentración de protesta a las puertas de la Audiencia Provincial localizada en Algeciras. Hasta allí, y ante un importante dispositivo policial de seguridad, se ha llevado a cabo la protesta prevista en apoyo a estos siete empleados de la factoría barreña.
Han llegado compañeros de distintos puntos de la península y de Canarias, como Fernando Casal, secretario general del Frente Sindical Obrero de las islas, que se ha eregido en portavoz del resto, denunciando que deberán enfrentarse a un juicio que "va mucho más allá de un conflicto laboral concreto", entendiendo que lo que está en juego es el derecho a la huelga y que el proceso judicial podría sentar un peligroso precedente para toda la clase trabajadora en España.
El dirigente sindical canario justifica su presencia en el Campo de Gibraltar afirmando que no se trata de un gesto voluntario, sino de una "necesidad imperiosa de estar junto a los compañeros que sufren represión", por enfrentarse a una multinacional que, en su opinión, prioriza sus beneficios por encima de los derechos y la vida de sus trabajadores.
Durante las protestas y la huelga de más de cuatro meses y medio que protagonizó la plantilla de Acerinox, Casal subraya que se vivieron condiciones muy duras y que fue necesaria la creación de una caja de resistencia obrera para ayudar a los afectados. “La situación era inhumana”, remarca. A su juicio, la empresa busca silenciar al sindicato que más denuncias ha realizado, especialmente sobre condiciones de seguridad laboral.
La vista, aún sin fecha tras su aplazamiento, ha sido pospuesta por solicitud de la empresa. Sin embargo, desde el sindicato ATA interpretan este movimiento como una estrategia para favorecer a las centrales afines a la empresa, como UGT, CCOO y USO, a las que acusan de haber roto la huelga y de permitir prácticas como la contratación de eventuales vinculados a sus afiliados, con el fin de influir en los comicios.
Su portavoz, José Antonio Gómez Valencia, denuncia además que, mientras su sindicato es llevado a juicio, otras organizaciones que convocaron huelgas paralelas no han sido señaladas judicialmente, algo que consideran injusto y selectivo. A pesar de ello, afirma que los siete sindicalistas están tranquilos: “Hemos cumplido con todos los requisitos legales, comunicando la huelga en tiempo y forma”, asegura.
Finalmente, el líder sindical alerta sobre el intento de criminalizar la protesta, mientras recuerda que hace apenas un mes se produjo una explosión en la acería que ha sido silenciada, lo que obligó al sindicato a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Esto no va solo contra nosotros, sino contra todos los trabajadores que luchan por sus derechos”, concluye Gómez Valencia.
