Cinco años y nueve meses después, seis personas que perdieron la vida y otras tantas que desde este lunes se sientan acusados en el banquillo. Arranca este lunes el juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 en el estrecho de Gibraltar. El proceso se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, y gira en torno a una presunta operación de tráfico de hachís que terminó en tragedia.
La Fiscalía Antidroga imputa al armador del barco, P.S.M., como principal responsable, solicitando para él 114 años de prisión por delitos que incluyen homicidio, pertenencia a organización criminal, narcotráfico, blanqueo de capitales, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores. Por los seis fallecidos, se piden 90 años de cárcel, a razón de 15 por cada uno.
Los hechos se remontan a la noche del 22 de enero de 2020, cuando el Rúa Mar partió de Barbate con destino a aguas marroquíes. Allí, según la acusación, la embarcación debía recoger un cargamento de hachís para trasladarlo hasta las costas de Cádiz. La embarcación sufrió una avería y se hundió en la madrugada del día 23, a 28 millas del cabo Espartel, frente a Tánger. Solo dos cuerpos fueron hallados, uno de ellos en la costa de Tarifa; los otros cuatro marineros siguen desaparecidos.
Uno de los marineros alertó al armador de la avería, pero este, según la Fiscalía, ocultó que la tripulación disponía de un teléfono satelital, ignorando los intentos de contacto por parte de Salvamento Marítimo, que detectó el salto de la radiobaliza horas antes del hundimiento. Días después, el mar devolvió dos fardos de hachís de 25 kilos flotando cerca del lugar.
El caso se enmarca en la Operación Matraca, una investigación que sacó a la luz la utilización de barcos pesqueros como tapadera para el narcotráfico en el sur peninsular. El armador y su padre —expresidente de la Federación de Armadores de Andalucía— fueron arrestados meses después.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama una multa de 12 millones de euros para el armador, 1,9 millones para Salvamento Marítimo y compensaciones económicas para las familias de las víctimas, de entre 200.000 y 400.000 euros.
