La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha impuesto una sanción de 45.000 euros a Yelmo Cines por prohibir el acceso con alimentos y bebidas adquiridos fuera de sus instalaciones en su establecimiento de Algeciras. La resolución considera que esta conducta vulnera la normativa de defensa de los consumidores y la encuadra como una infracción grave.
El expediente se remonta a una campaña de inspección realizada en diciembre de 2022, en la que la administración detectó irregularidades en el funcionamiento del cine. A ese procedimiento se incorporaron después varias denuncias presentadas por Facua, tanto a través de su delegación provincial como de su organización andaluza, lo que terminó reforzando la tramitación del caso.
Según la resolución trasladada a la asociación de consumidores, la política aplicada por la empresa habría sido sistemática y habría afectado a un número relevante de usuarios. La Junta entiende que se trata de una práctica “manifiestamente ilícita” y “gravemente abusiva”, por lo que fija la multa dentro del tramo previsto para este tipo de infracciones, que oscila entre los 10.001 y los 100.000 euros.
Con esta decisión, Yelmo suma ya una nueva sanción por el mismo motivo en distintos puntos del país. La cadena había sido castigada anteriormente por otras administraciones de consumo, tanto en Andalucía como fuera de ella, por mantener restricciones similares en sus salas, lo que vuelve a situar el foco sobre este modelo comercial.
Facua, por su parte, considera que la cuantía vuelve a quedarse corta y sostiene que este tipo de sanciones no están teniendo un efecto verdaderamente disuasorio. La organización critica que la resolución no incluya el decomiso del supuesto beneficio económico obtenido con esta práctica ni una orden expresa para que la empresa deje de aplicarla.
La asociación defiende que, mientras las multas sean inferiores al rendimiento que obtendría la empresa obligando a consumir dentro de sus instalaciones, resultará más rentable mantener esa política que corregirla. El caso reabre así el debate sobre la eficacia real de las sanciones en materia de consumo y sobre la protección de los derechos de los clientes en espacios de ocio.
