El año 2024 culminó con un balance preocupante en la prisión algecireña de Botafuegos, que registró 237 intervenciones de sustancias tóxicas y dos muertes por sobredosis. Entre las sustancias confiscadas destacan 150 intervenciones de hachís, 7 de cocaína, 3 de heroína y 77 de pastillas, según datos del sindicato ACAIP.
A pesar de las campañas de prevención y los programas de deshabituación, el tráfico de drogas en las cárceles sigue siendo un grave problema que pone en riesgo la salud, seguridad y vida de los reclusos, además de alterar el orden en los establecimientos penitenciarios. Desde ACAIP se señala que las sustancias prohibidas ingresan principalmente cuando los internos regresan de permisos de salida (57%), a través de comunicaciones familiares (35%) o en paquetes enviados desde el exterior (8%).
Casos recientes ilustran la magnitud del problema. Un recluso regresó de un permiso con drogas ocultas en su cuerpo y fue hallado sin vida al día siguiente. En otro caso, la hermana de un interno fue detenida tras detectarse que intentaba ingresar hachís, cocaína y heroína durante una visita familiar. Incluso una mujer con un menor de seis años fue interceptada en un control al intentar introducir hachís antes de una comunicación de convivencia con un interno.
Las cifras, según ACAIP, subrayan la insuficiencia de las medidas actuales para frenar el tráfico de drogas en las cárceles, afectando gravemente los objetivos de reinserción social y rehabilitación de los reclusos. Además, denuncian que el acceso a estas sustancias incrementa los riesgos de sobredosis y genera un entorno inseguro para internos y funcionarios.
Desde el sindicato penitenciario reclaman un refuerzo en los controles y programas de prevención, además de mayores recursos humanos y tecnológicos, para combatir un fenómeno que representa un serio desafío en el sistema penitenciario español.
