El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su malestar por la respuesta recibida del Gobierno central tras solicitar la intervención de distintas administraciones para abordar la concentración de organizaciones no gubernamentales en el Barrio de la Caridad.
El regidor había remitido escritos tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía con el objetivo de pedir colaboración institucional para redistribuir por otros puntos de la ciudad las ONG dedicadas principalmente a la atención de personas migrantes y que actualmente se encuentran asentadas en esta zona del casco antiguo.
Las comunicaciones fueron dirigidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a la Consejería de Inclusión Social de la Junta.
En sus escritos, el alcalde defiende el carácter “hospitalario y solidario” de la ciudad, recordando la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento durante episodios como la llegada masiva de migrantes registrada en julio de 2018, cuando el Consistorio habilitó instalaciones municipales para atender a centenares de personas trasladadas hasta la ciudad.
No obstante, Landaluce sostiene que la elevada concentración de entidades sociales en el Barrio de la Caridad está generando problemas de convivencia vecinal debido a la presencia diaria de numerosos usuarios de estos programas en un espacio reducido situado junto al nodo de comunicaciones formado por el puerto, la estación de autobuses y la terminal ferroviaria.
El primer edil explica además que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con distintas organizaciones para intentar reconducir la situación, aunque asegura que algunas entidades no han acudido a los encuentros convocados por el Consistorio.
Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento ha intervenido desde el ámbito urbanístico y de seguridad clausurando varios inmuebles que funcionaban como centros de acogida pese a contar únicamente con licencias de hostales o pensiones, al detectarse presuntos incumplimientos relacionados con aforos y medidas de seguridad.
La respuesta remitida por el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, señala que el departamento no se considera competente para intervenir en la situación planteada y recuerda que corresponde a la administración autonómica o municipal actuar en caso de posibles vulneraciones urbanísticas o de seguridad.
Tras conocer esta contestación, Landaluce lamentó que el Ejecutivo central “dé la espalda a Algeciras” y defendió que la petición municipal no cuestiona las competencias locales, sino la necesidad de actuar sobre programas financiados por el propio Gobierno y concentrados actualmente en el Barrio de la Caridad.
