El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno central un compromiso firme con las infraestructuras del Campo de Gibraltar tras conocerse que el Ministerio de Transportes ha decidido aparcar el proyecto de desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Vejer. El regidor considera que esta decisión supone “un nuevo freno al desarrollo y a la competitividad” de la comarca.
Landaluce ha advertido de que, mientras se siguen ejecutando inversiones en otros territorios, el Puerto de Algeciras, uno de los principales motores económicos de la ciudad y de la provincia, corre el riesgo de perder competitividad si no dispone de conexiones terrestres adecuadas a su volumen de actividad. En este sentido, ha subrayado el papel estratégico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras como generadora de riqueza y empleo.
El primer edil ha insistido en que el Acceso Norte es una actuación prioritaria para la ciudad y para el conjunto de la comarca, pero ha señalado que, mientras se desarrolla, es necesario adoptar medidas que alivien la saturación actual de la red viaria. Tras los recientes temporales que han afectado a la zona, ha apuntado que se ha puesto de manifiesto la urgencia tanto del arreglo de carreteras como de su mejora estructural.
Entre las actuaciones que considera imprescindibles, ha vuelto a plantear la ampliación de la Autovía A-7 con un tercer carril por sentido en el tramo Algeciras–Los Barrios–San Roque, al entender que la actual configuración de dos carriles resulta insuficiente para absorber el volumen real de tráfico.
Asimismo, ha reiterado la importancia estratégica del desdoblamiento de la N-340 como vía fundamental de conexión con la provincia y con Cádiz, cuya paralización, en su opinión, supone “un nuevo golpe a las legítimas aspiraciones de progreso” de la ciudad.
El alcalde ha instado finalmente al Ejecutivo central a situar a Algeciras y al Campo de Gibraltar en el lugar que les corresponde dentro de la planificación estatal de carreteras y ferrocarril, defendiendo que no se trata de privilegios, sino de “inversiones justas y necesarias” para garantizar el futuro económico y social de la comarca.
