El uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles españolas sigue siendo un problema persistente, pese a las restricciones legales. En los últimos cinco años, se han intervenido casi 13.000 terminales, una cifra que revela la magnitud del fenómeno. En este contexto, el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras destaca en el ranking nacional al ocupar la quinta posición, con un total de 571 teléfonos móviles incautados.
Los internos hacen uso de estos dispositivos desde el interior de las instalaciones con relativa facilidad. ¿La razón? Los inhibidores de frecuencia instalados hace más de 15 años están obsoletos y, en muchos casos, fuera de servicio, permitiendo así que las comunicaciones no autorizadas se mantengan activas sin mayor dificultad, según denuncia el sindicato Acaip.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoce la gravedad de la situación, pero hasta ahora no se han aplicado medidas tecnológicas eficaces para frenar el uso indebido de móviles por parte de los reclusos.
La solución pasaría por una inversión decidida en tecnología actualizada, especialmente en sistemas que puedan bloquear redes 5G, ya que muchos de los terminales utilizados ya operan con esta conectividad.
El sindicato del ámbito penitenciario insiste en que con la implementación de inhibidores modernos, el problema podría quedar resuelto de forma inmediata, mejorando significativamente la seguridad en los centros y reduciendo las actividades delictivas organizadas desde el interior.
