El caso del asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras en enero de 2023 entra en una nueva fase judicial tras la decisión de su familia de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La iniciativa busca revisar la sentencia de la Audiencia Nacional que acordó el internamiento de Yassine Kanjaa en un centro psiquiátrico penitenciario por un máximo de 30 años al aplicar la eximente completa por alteración psíquica.
La acusación particular sostiene que los hechos no deben limitarse a un delito de asesinato, sino que deben ser considerados también como un acto con motivación terrorista. Este planteamiento ya fue defendido en fases anteriores del procedimiento, aunque tanto la sentencia inicial como su posterior confirmación descartaron esa calificación al no apreciar una alteración grave de la paz pública ni un estado de terror en la población.
Uno de los ejes del recurso presentado ante el Supremo se centra en la capacidad mental del acusado. Los representantes legales de la familia argumentan que no existe unanimidad en los informes periciales y que algunos apuntaban a una merma de sus facultades, pero no a su anulación completa. En este sentido, consideran que podrían existir indicios de cierta planificación previa en el ataque, lo que, a su juicio, cuestiona la aplicación de la eximente total.
El segundo punto clave se refiere a la consideración jurídica de los hechos. La familia insiste en que el ataque generó una situación de alarma social, con personas huyendo, comercios cerrando y un clima de incertidumbre en la zona, lo que, en su opinión, encajaría en los elementos necesarios para valorar la existencia de terrorismo.
El recurso cuenta también con el respaldo de la Fiscalía y parte de la acusación popular, que se han sumado a esta nueva fase del procedimiento tras el rechazo previo de la Audiencia Nacional. Ahora será el Tribunal Supremo el encargado de analizar los argumentos planteados y decidir si procede revisar la sentencia.
Este caso continúa teniendo una notable repercusión en el Campo de Gibraltar, donde los hechos provocaron una fuerte conmoción social. La resolución final del alto tribunal será determinante para fijar el encaje penal definitivo de un suceso que sigue muy presente en la memoria colectiva de la comarca.
