La Coordinadora CIE No Cádiz ha respaldado la queja presentada ante el Defensor del Pueblo por la presunta entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras antes de su creación formal mediante orden ministerial. Las entidades sostienen que podrían haberse producido privaciones de libertad no ajustadas a derecho.
Según exponen, el centro ubicado en Botafuegos habría comenzado a recibir personas internas el 3 de noviembre de 2025, mientras que la orden ministerial que regula su creación y el cierre del anterior CIE de La Piñera fue publicada el 7 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial del Estado. Las organizaciones recuerdan que, conforme al Real Decreto 162/2014, los CIE deben crearse mediante orden ministerial, por lo que durante más de tres meses se habrían ejecutado internamientos en un establecimiento aún no formalmente constituido.
En la queja presentada se insta al Defensor del Pueblo a promover un procedimiento de habeas corpus, al considerar que podrían haberse producido internamientos sin el respaldo normativo exigido. La Coordinadora subraya que la privación de libertad es la medida más restrictiva contemplada en el ordenamiento jurídico y que su aplicación debe ajustarse estrictamente a la legalidad vigente.
Las entidades señalan que esta cuestión afecta a la garantía de derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas por parte del Estado, independientemente de la condición administrativa de las personas afectadas.
Además del aspecto jurídico, la Coordinadora ha reiterado su oposición a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, señalando que el nuevo CIE de Algeciras, cuya inversión supera los 30 millones de euros, es actualmente el de mayor capacidad del país.
Desde el colectivo se considera que existen alternativas al internamiento y que esta infraestructura no responde a las necesidades prioritarias del Campo de Gibraltar, donde reclaman más inversiones en ámbitos como educación, sanidad o servicios sociales.
Las entidades concluyen que la apertura anticipada del centro, de confirmarse, supondría una vulneración del marco legal y un precedente que debe ser analizado por las instituciones competentes.
