La brutal agresión a una psicóloga en el centro penitenciario de Morón ha encendido todas las alarmas entre los profesionales del sistema penitenciario español. La víctima, funcionaria de prisiones, fue golpeada, mordida y objeto de abusos sexuales por parte de un interno multirreincidente durante una entrevista en un despacho del módulo. Solo la intervención de otros presos, alertados por los gritos, evitó un desenlace aún más trágico.
La denuncia pública del caso ha puesto de relieve una vez más las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, entre ellas la masificación, la falta de personal y la ausencia de protocolos de seguridad eficaces. El día de la agresión, el centro de Morón albergaba más de 1.300 internos, superando ampliamente su capacidad operativa de 1.000 plazas. Este exceso impide realizar una clasificación adecuada de los internos, clave para evitar situaciones de riesgo como la vivida, como ha recordado José Luis Alcaraz, del sindicato Acaip en la prisión de Botafuegos, de Algeciras, donde también se ha llevado a cabo una concentración de protesta.
Según el representante sindical, el agresor tenía un historial de episodios violentos y de comportamiento sexual inapropiado, incluido exhibicionismo y agresiones a otros funcionarios. Aun así, fue asignado a un módulo de respeto sin la vigilancia ni separación adecuadas. Esta situación, según denuncian, no es aislada, sino el resultado de años de abandono institucional.
Uno de los principales problemas, aseguran, es la falta de recursos humanos. En muchos módulos solo hay un funcionario por turno, obligado a atender tareas administrativas, de seguridad y la gestión directa de internos. Los profesionales que acuden a realizar entrevistas –psicólogos, educadores o trabajadores sociales– suelen estar solos y sin protección, sin cámaras activas ni dispositivos de alarma.
Los sindicatos reclaman revisar urgentemente el protocolo PEAFA (Protocolo Específico de Actuación Frente a Agresiones), actualmente de carácter solo reactivo, así como dotar a los centros de más personal y medidas preventivas, como botones antipánico, vigilancia por vídeo y un entorno seguro para las entrevistas.
Además, exigen el reconocimiento legal de autoridad para los trabajadores penitenciarios y el asesoramiento psicológico y jurídico inmediato a las víctimas de agresiones. El descontento también se dirige hacia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuya gestión se tilda de ineficaz tras siete años sin resolver estos problemas estructurales, y hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por priorizar inversiones en climatización antes que en seguridad.
En 2024 se contabilizaron más de 500 agresiones a funcionarios de prisiones, lo que equivale a una cada 16 horas. Ante este escenario, los trabajadores anuncian que seguirán movilizándose hasta que el Gobierno actúe con contundencia para frenar una situación que califican de insostenible y peligrosa.
